Cataluña crea un impuesto que grava los bienes de lujo de empresas

El pleno del Parlament aprobó ayer el impuesto que grava los bienes de lujo que estén en manos de las empresas y que no sean necesarios para su actividad. La ley —que salió adelante con los votos de Junts pel Sí, CSQP, CUP y la abstención del PSC— fija un tipo progresivo del 0,21% al 2,75% sobre activos considerados “improductivos”, en concreto, viviendas, vehículos de más de 200 caballos, embarcaciones de ocio, aeronaves, obras de arte, antigüedades y joyas. El nuevo tributo se empezará a aplicar a partir del 30 de junio.

El nuevo impuesto sobre activos no productivos era una de las reclamaciones de la CUP para apoyar las cuentas del Gobierno catalán. La formación anticapitalista había exigido una reforma del IRPF y un impuesto sobre la riqueza, pero el PDeCAT se negó a asumir esas demandas. Finalmente, el Departamento de Economía Hacienda, dirigido por el republicano Oriol Junqueras, incluyó una batería de impuestos en la ley de Acompañamiento de Presupuestos y se comprometió a crear un impuesto que gravara los bienes no productivos en manos de las empresas. Esa decisión fue calificada de “placebo” por el portavoz de CSQP, Joan Coscubiela, pese a que finalmente el grupo apoyó la norma.

La norma ha sufrido varios cambios desde que entró como proposición de ley en el Parlament. La intención del Ejecutivo catalán era impedir que las empresas eludan el pago de impuestos sobre bienes de lujo camuflándolos dentro de los activos de sus empresas. Incialmente, iban a tributar bienes inmuebles, vehículos de motor de más de 200 caballos, embarcaciones y aeronaves. Mediante las enmiendas de CSQP y la CUP, se añadieron a esos bien también joyas, antigüedades y obras de arte.

Otra de las novedades que se introdujeron ayer es que inicialmente se preveía un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 euros en caso de no hubiera ningún inmueble entre los bienes objeto del tributo. Sin embargo, eso saltó del redactado final. Para este año, el impuesto computará a partir del 30 de junio, aunque el año que viene lo hará ya todo el ejercicio.

Críticas de CSQP

El grupo promotor, Junts pel Sí, contó finalmente con el apoyo de la CUP y CSQP. El beneplácito de este último grupo no estuvo exento de críticas, puesto que Coscubiela advirtió de que la norma pretende “hacer creer que se desea una redistribución de la riqueza”, cuando previamente se “renunció a hacer pagar más a los que más tienen a través del IRPF y de otros tributos”. Òrcar Ordeig, del PSC, lamentó que si el Gobierno catalán quiere es perseguir el fraude fiscal “hay otros instrumentos más adecuados” para hacerlo.

Ciutadans y PP, en cambio, votaron en contra del nuevo tributo. Antonio Espinosa, de Ciutadans, dudó que la ley pueda tener una finalidad redistributiva dada su escasa recaudación, mientras que Santi Rodríguez, del PP, señaló que “en el mejor de los casos será una ley improductiva” y advirtió de que podría darse una “doble imposición” dado que ya existe el impuesto de Patrimonio. En el ámbito empresarial, el sector náutico arremetió contra el tributo al considerar que puede hacer retroceder las inversiones.