La legalización como derrota

Hace poco más de un par de semanas que se conmemoraron los 40 años de la legalización del Partido Comunista de España (PCE). Tal legalización fue una pieza clave para dar credibilidad a la transición política, para convencer a los españoles y al mundo que el proceso hacia la democracia iba en serio. A su vez, quizás fue el momento de la transición más comprometido, el que más rechazo desató entre los miembros del viejo régimen más resistentes al cambio. Visto desde hoy, este rechazo no parece muy inteligente: el aparentemente poderoso PCE fue derrotado en las urnas un par de meses después, en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.

En estas elecciones se jugaban simultáneamente, como mínimo, tres partidas. Primera, quién sería el triunfador absoluto, capaz de formar gobierno. Segunda, qué partido escogerían los españoles como representante de la derecha, ¿sería la UCD de Suárez o la AP de Fraga? Tercera, ¿quién sería el representante de la izquierda, el PSOE de Felipe o el PCE de Carrillo? El triunfador absoluto fue UCD (165 diputados), que también resultó ser el partido hegemónico de la derecha; el ganador en la izquierda fue el PSOE (118 diputados) . Los perdedores fueron AP y el PCE (16 y 20 diputados, respectivamente). Todas ellas diferencias contundentes y significativas.

A la vista está que los ciudadanos optaron por el bipartidismo y la moderación: dos partidos hegemónicos, una en la derecha y otro en la izquierda, ambos en confluencia hacia el centro. Se excluyeron los extremos o, en todo caso, aquello que una mayoría de electores consideraban como extremos. Porque el PCE había demostrado sobradamente que no era un partido extremista ni estaba situado mucho más a la izquierda que el PSOE, aunque estaba preso de un estigma, una maldición que le perseguía y no podía eludir aunque fuera injusta: ser un partido comunista semejante al de la URSS. Y aunque tampoco esto era cierto, una gran mayoría de españoles así lo consideraron y, aún sintiéndose de izquierda, votaron al PSOE. La diferencia entre socialistas y comunistas fue enorme y esta diferencia marcó el futuro del PCE: levantar el vuelo ya le resultó imposible.

Desde 1956, cuando adoptó la "política de reconciliación nacional", los comunistas contribuyeron decisivamente a debilitar el franquismo y, tras la muerte del dictador, maniobraron con inteligencia para lograr un entendimiento entre las fuerzas democráticas. Pero de nada le sirvieron estos antecedentes: perdió, y lo grave es que perdió ante el PSOE. A partir de entonces la izquierda en España fue liderada por el partido que dirigía Felipe González. Tras las elecciones de 1982, el papel político del PCE pasó a ser irrisorio.

En definitiva, los días de gloria y esperanza del PCE legalizado duraron poco, desde el 9 de abril hasta el 15 de junio de 1977, poco más de dos meses. Desde los años sesenta, por lo menos, algunos apostamos por un socialismo a la italiana, es decir, por una democracia parlamentaria en la que el gran partido de la izquierda fuera de tradición comunista, como en Italia el PCI, y no socialdemócrata, como en Alemania, Francia o Gran Bretaña. Un partido que impusiera su hegemonía, antes cultural que política, a través de las instituciones democráticas, cuyo gran referente no fuera Lenin pero tampoco Willy Brandt sino Gramsci (aunque no en la tergiversada interpretación de Laclau, Mouffe y Errejón).

Pero tras la legalización, no pudo ser. Además del miedo a la idea del comunismo ruso y al recuerdo de la guerra civil, el grueso de la dirección del PCE había pasado los años de dictadura en el extranjero, desconocía, por tanto, la realidad social española y, en su mayoría, eran unos ineptos políticos, unos funcionarios de partido, fieles a Carrillo pero con escasos conocimientos. No, aquello no era el PCI, ni Carrillo era Togliatti. El PCE llevó a cabo una oposición muy inteligente y eficaz durante la dictadura pero su mítica fuerza se desvaneció al abandonar la clandestinidad, al mostrarse tal como era.

La legalización fue una victoria de la democracia pero el comienzo de la derrota. Si no hubiera sido legalizado, el mito comunista seguiría indemne, la democracia española sería imperfecta y el PSOE un partido que se apropió de votos comunistas que no podían expresarse. En el fondo, la legalización legitimó al PSOE, que en 1982 ganó limpiamente y por goleada.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.