Una oportunidad para definir el modelo sanitario

Un país que se quiere soberano no puede obviar una cuestión fundamental para proteger los derechos básicos de su ciudadanía: cómo gestionar la asistencia sanitaria pagada con el dinero de todo el mundo. Nuestra apuesta es clara: defender la gestión pública. Ahora bien, hoy en día el sector concertado presta una parte no menor de estos servicios. Solo en Barcelona, en 2015, el 21% del total: 180 millones de euros se gestionan por entidades privadas sin afán de lucro y 220 por entidades con afán de lucro. Con menor capacidad de control público, y con la posibilidad de beneficios empresariales a expensas de las condiciones laborales, de la calidad asistencial, y del dinero que pagamos para tener una buena sanidad pública.

En las próximas semanas, el Parlament de Cataluña tramitará la ley de fórmulas de gestión sanitaria a cargo de fondos públicos. El anteproyecto que ha presentado el Govern parte de buenos propósitos: poder concertar con entidades de la economía social o sin afán de lucro, sin que tengan que competir con la empresa mercantil. Es, sin embargo, hoy por hoy, una oportunidad perdida para forzar cambios reales en el sector y definir algunos mínimos para concertar con el sistema público: calidad asistencial y del trabajo, transparencia y reinvertir los beneficios en una mejora del servicio, entre otros.

En ausencia de leyes que lo delimiten (dado que el Gobierno catalán no ha respondido al mandato del Parlament de 2013 de elaborar una ley al respecto), la norma propuesta menciona algunos principios pero no fija criterios claros y contrastables de lo que se considera economía social. Y no reserva los conciertos a estas entidades, sino que le añade las entidades sin afán de lucro de cualquier tipo, a las que por la sola fórmula jurídica se deja de exigir la comprobación de los otros principios. Avala además como economía social las entidades de base asociativa (EBA), sociedades limitadas de profesionales que gestionan la asistencia primaria pública de un territorio, en las que se pueden acumular hasta un 25% de cuotas en un solo individuo y hasta un 49% en personas jurídicas.

La nueva ley tendría que representar un cambio hacia un modelo no lucrativo, con participación democrática de todos los trabajadores, y donde se exigen la misma transparencia y prácticas sociales, laborales y ambientales que aplican al sector público. Esta exigencia justificaría poder utilizar prioritariamente este sector allí donde la gestión pública no llega. Se trataría, en definitiva, de transformar este proyecto de ley para que, en vez de mantener el statu quo actual, promueva un nuevo modelo sanitario y de provisión pública desde el sector público y social.

La batalla se librará ahora en el Parlament de Cataluña. En las próximas semanas esperamos encontrarnos con la sociedad civil y las fuerzas del cambio para debatir y definir enmiendas que den la vuelta a esta ley. Nos va la salud.

Gemma Tarafa es la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona y Gerardo Pisarello es el primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Barcelona.