Carmena se reúne en secreto con Hacienda para cumplir con el gasto

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reunió este martes en secreto con representantes del Ministerio de Hacienda para confirmar su intención de cumplir la Ley de Estabilidad. El pasado miércoles, el departamento que dirige Cristóbal Montoro exigió al Ayuntamiento la inmovilización de 238 millones por haber incumplido en 2016 el techo de gasto. La reunión celebrada este martes en Hacienda fue distendida y la alcaldesa aseguró su intención de acatar la normativa, según pudo saber EL PAÍS, pese a las críticas de sus concejales.

La reunión entre Carmena y los representantes de Hacienda fue técnica, pero tuvo un claro valor político. En los últimos meses, la Concejalía de Economía de Hacienda del Consistorio, liderada por Carlos Sánchez Mato, había promovido un pulso con el ministerio para evitar que Madrid tuviera que congelar de las cuentas de este año 238 millones de euros por haber incumplido el año anterior la Ley de Estabilidad. El gobierno de Ahora Madrid, que orbita en torno a Podemos, sobrepasó el techo de gasto (el límite de desembolso fijado por ley) en 233 millones en 2016. El pasado miércoles, Hacienda envió una carta exigiendo al Consistorio que disponga un "acuerdo de no disponibilidad de crédito" en cumplimiento de dicha normativa.

La alcaldesa de Madrid asumió este martes oficialmente su compromiso ante la ley. Y lo hizo a pesar de que considera que el cálculo del techo de gasto debe ser modificado y no obstante las críticas de algunos de sus concejales, que abogan por la movilización social en contra de lo que califican de "ofensiva" de Montoro contra los Ayuntamientos. Desde Hacienda siempre han reiterado que "la ley está para cumplirla".

El lunes, miembros de Ahora Madrid firmaron un manifiesto titulado MadridNoTeCortes. "No vamos a obedecer ante el secuestro de la democracia", reza el documento, que denuncia la "reforma exprés" del artículo 135 de la Constitución Española en 2011 como el elemento que "consagra el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales de la ciudadanía".

La Ley de Estabilidad Presupuestaria entró en vigor en 2012, tras la firma del Pacto Fiscal europeo del año anterior. Esa norma, introducida gracias a la reforma constitucional del segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), permitió obtener los fondos europeos necesarios para salvar las finanzas públicas durante los años duros de la crisis económica.

El gobierno de Ahora Madrid tiene en teoría algo más de siete días para cumplir con la retención de 238 millones. No obstante, no pueden descartarse prórrogas. El dinero tiene que ser congelado en las cuentas municipales de este año, presumiblemente del capítulo de las inversiones, o de subvenciones, elaboración de estudios y propaganda. El Ayuntamiento gestiona cada año un presupuesto de más de 4.000 millones.

Más tiempo

Carmena considera que la interpretación de la regla de gasto tiene que ser revisada. Se apoya en las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en este sentido y ve "injusto" renunciar a políticas expansivas cuando las arcas municipales gozan de un superávit de 1.000 millones de euros. Sin embargo, reconoce que la vía para reformar dicha normativa tiene que pasar por los cauces legales, y descarta un choque de trenes entre instituciones.

Ya la semana pasada, la regidora aseguró que cumpliría "sin ninguna duda" con la retención de crédito. Habló entonces de su interés en obtener más tiempo para hacerlo y de "aclarar" algunos puntos con Hacienda. Esta posición choca con el planteamiento de algunos de sus ediles, que defienden que la capital incumpla las directivas ministeriales. Este es el caso de algunos representantes del sector crítico, que se reconocen en la plataforma municipalista Ganemos e Izquierda Unida. De momento, los bloques se dividen ahora en ocho concejales críticos y 11 afines a Carmena.

La oposición achaca el incumplimiento del techo de gasto del año pasado (233 millones) y del anterior (17 millones) a planteamientos políticos desafiantes con el ministro Cristóbal Montoro. Señala, por ejemplo, que sin la compra por 104 millones de un edificio en la calle de Alcalá, y la adquisición de terrenos por otros 130 millones, se hubiera evitado incurrir en las medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.