El Síndic avala que las eléctricas consulten a los servicios sociales antes de cortar la luz

El Síndic de Greuges, defensor del pueblo catalán, ha entregado este viernes las conclusiones de su investigación sobre la tragedia de Reus de noviembre pasado, en la que una anciana vulnerable murió en el incendio ocasionado por las velas con las que iluminaba su casa por tener la energía cortada. El Síndic, Rafael Ribó, avala el principio de precaución fijado por la ley catalana contra la pobreza energética, que establece que las suministradoras deben verificar antes de ejecutar un corte por impago si la familia es vulnerable. A pesar de esa salvedad, Ribó ha amonestado a la Generalitat por no desarrollarlo con un reglamento. También cuestiona la falta de recursos de los servicios sociales en los entes locales.

El Síndic ha criticado “la poca concreción de la ley 24/2015 en cuanto a la aplicación directa de las obligaciones de las administraciones y de las empresas”, sin embargo, da por válido el polémico principio de precaución, que las eléctricas ven inaplicable por su complejidad. “La comunicación por parte de las empresas aporta garantías adicionales que permiten que los servicios sociales puedan actuar en casos que no les constan”, ha asegurado el despacho del defensor en una nota de prensa.

Para poder ejecutar este principio, ha explicado el defensor, es necesario que “se agilice el despliegue de la normativa y se apruebe un reglamento que facilite la coordinación entre las empresas suministradoras y las administraciones locales”. Por lo que descarta la tesis de la Generalitat de que la ley era lo suficientemente clara como para no necesitar un reglamento. "Que cada empresa haga su interpretación del principio de precaución demuestra que sí hace falta una aclaración por parte del legislador o del Ejecutivo", ha dicho Ribó.

Gas Natural, la empresa que prestaba el servicio a la fallecida, siempre ha defendido que cortó el servicio ya que la mujer no figuraba en los listados de vulnerables que le suministraban los servicios sociales de Reus. En su investigación, Ribó ha criticado que que no existiera ningún "acuerdo" con el municipio sobre cómo atender y comunicar los casos de pobreza energética. La empresa, desde el día del accidente, ha defendido que tenía un pactado un "canal exclusivo de gestión" con los servicios sociales y que había evitado más de 150 cortes. "También se han detectado insuficiencias y carencias estructurales por falta de recursos de los servicios sociales básicos de las administraciones locales", ha finalizado el Síndic.