“Quien quiera emociones, las tendrá”

Junts Pel Sí (JxSí) y la CUP están preparando a la base social del independentismo para movilizarse en la calle ante posibles acciones del Estado contra la Generalitat y el Parlament. Los documentos y las reuniones para informar a los más fieles se han multiplicado este año a través de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Los partidos independentistas discrepan en cuestiones de procedimiento y en la retórica pero coinciden que la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica será “el gran momento de ruptura” que requerirá una movilización popular permanente.

El presidente del PDeCAT, Artur Mas, aseguró en febrero en un acto de la ANC: “Debemos tener un esquema de movilización organizada que ponga muy difícil al Estado impedir el referéndum o que sea enorme el coste que tenga que pagar para impedirlo”. Aquella conferencia fue destacada por los medios por unas palabras de Mas que defendían el desacato: “Precintar locales [electorales del referéndum] no es tan fácil; de la misma forma que se precintan, se desprecintan”. El expresidente de la Generalitat vaticinó que “el punto decisivo” en el que la ciudadanía “debe estar al lado de las instituciones será de aquí a septiembre”. Neus Lloveras, presidenta de la AMI y diputada de JxSí, explicó también en febrero en Sabadell que “llega el momento de la desobediencia grande, total, la de la ley de transitoriedad jurídica”. Esta normativa está previsto que se apruebe durante el verano, de forma exprés y sin debate parlamentario, para dar cobertura legal a la convocatoria de la consulta.

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, explicó el 24 de febrero en Valls que su organización está preparada para acampar en el Parque de la Ciutadella —sede del Parlament— e impedir la inhabilitación de los diputados: “Cuando un juez dicta una inhabilitación y ese cargo público decide, con nosotros a su lado, que aquella orden de inhabilitación es papel mojado y vuelve a trabajar a su despacho, el Estado tiene un problema porque ha de utilizar otro posible escalafón, el de la violencia”. El consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, dijo en ese mismo acto: “Desde ahora y hasta que votemos, nuestra gran fuerza es la movilización masiva”. “Lo que determinará si somos creíbles es si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de lo que nos vendrá ahora. Lo que determinará si somos capaces de hacer el referéndum no son cuestiones técnicas, es si la gente está moralmente a la altura, convencida”, añadió Romeva.

El diputado de la CUP Albert Botran explicó en marzo en una conferencia en Barcelona que “el sentido de estas charlas es que la movilización ha de ser durante estos meses más intensa de lo que ha sido durante todo el proceso; ha de tener carácter masivo y permanente”. Botran recordaba que los acontecimientos se han acelerado respecto a las intervenciones públicas que protagonizó en el primer semestre de 2016. Pese a ello, en una mesa redonda del mes de mayo en Torelló, Botran, el diputado de ERC Joan Tardà, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y Jordi Sànchez ya planteaban el escenario de la desobediencia civil. Tardà precisó que esta sería coincidiendo con la ley de ruptura: “Quien quiera emociones, las tendrá, cuando se apruebe la ley de transitoriedad jurídica, que es la independencia, no la República pero si la independencia de España. El momento crítico será el día en el que el Parlament vote la ley de transitoriedad jurídica. ¿Y qué harán? ¿Chapar el Parlament? Lo convocaremos en Poblet. Quizá será el momento en el que millones de persones tengan que ocupar las calles de forma pacífica”.

La AMI prepara desde octubre una Asamblea de Cargos Electos (AECAT), compuesta actualmente por más de 3.000 concejales, alcaldes, diputados y senadores “para sustituir al Parlamento en caso de inhabilitación”. Pere Aragonès, secretario de Economía de la Generalitat y peso pesado de ERC, ha definido la AECAT como “nuestros Estados generales”.

Botran concretó, en la reunión de 2016 en Torelló, medidas de insumisión en caso de que un banco no reconozca la independencia: “¿Cómo das a entender el día D a La Caixa? ¿Cómo lo das a entender a los poderes fácticos en caso de boicot del Estado? En este choque hay una desobediencia muy potente y es que todos tenemos ahí nuestros ahorros”. Botran, este marzo, ilustró cómo los comités de empresa podrían presionar para exigir pagar sus cotizaciones y tributos a la Generalitat y no al Gobierno español.

La ANC ultima un documento de acción para los próximos meses, sobre todo para “organizar las movilizaciones necesarias para que el Parlamento de Cataluña apruebe la ley de transitoriedad jurídica y proclame la independencia”. La Vanguardia avanzó que algunas de las ideas que baraja la ANC son “acampadas indefinidas”, “resistencia pasiva”, “insumisión fiscal”, “ocupación de infraestructuras” o “la protección de la televisión y radio púbica si hay un corte de comunicaciones”. La diputada de la CUP Gabriela Serra advirtió en febrero, en una ponencia en el Colegio de Abogados de Tarragona, que uno de los puntos vulnerables de la unilateralidad será la capacidad del Estado de interrumpir el suministro energético y la red de transportes. La intervención de Serra se enmarcaba en un ciclo de conferencias sobre desobediencia civil.