“Quien quiera emociones, las tendrá”

Junts Pel Si y la CUP barajan actos de desobediencia frente al Estado si se declara la independencia

Desde la izquierda, Lluís Corominas, Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc Homs, Artur Mas y Carles Puigdemont.
Desde la izquierda, Lluís Corominas, Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc Homs, Artur Mas y Carles Puigdemont.ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

Junts Pel Sí (JxSí) y la CUP están preparando a la base social del independentismo para movilizarse en la calle ante posibles acciones del Estado contra la Generalitat y el Parlament. Los documentos y las reuniones para informar a los más fieles se han multiplicado este año a través de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Los partidos independentistas discrepan en cuestiones de procedimiento y en la retórica pero coinciden que la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica será “el gran momento de ruptura” que requerirá una movilización popular permanente.

El presidente del PDeCAT, Artur Mas, aseguró en febrero en un acto de la ANC: “Debemos tener un esquema de movilización organizada que ponga muy difícil al Estado impedir el referéndum o que sea enorme el coste que tenga que pagar para impedirlo”. Aquella conferencia fue destacada por los medios por unas palabras de Mas que defendían el desacato: “Precintar locales [electorales del referéndum] no es tan fácil; de la misma forma que se precintan, se desprecintan”. El expresidente de la Generalitat vaticinó que “el punto decisivo” en el que la ciudadanía “debe estar al lado de las instituciones será de aquí a septiembre”. Neus Lloveras, presidenta de la AMI y diputada de JxSí, explicó también en febrero en Sabadell que “llega el momento de la desobediencia grande, total, la de la ley de transitoriedad jurídica”. Esta normativa está previsto que se apruebe durante el verano, de forma exprés y sin debate parlamentario, para dar cobertura legal a la convocatoria de la consulta.

La 'primavera del referéndum'

El grupo parlamentario de la CUP emitió en febrero un comunicado en el que plasmaba las diferencias de estrategia respecto a Junts pel Sí. Si el Gobierno catalán insiste en que lo que está haciendo “es perfectamente posible y legal”, los anticapitalistas destacan que “la ley y los políticos no lo solucionan todo”.

La CUP es crítica con la idea de que la unilateralidad es “el paso de una legalidad a otra legalidad” sin vacíos legales. La CUP considera llegado el momento de “una primavera del referéndum”: “Hay que acompañar esta ruptura con más movilización y más desobediencia”. El diputado de la CUP Benet Salellas defendió en febrero en un acto de la ANC: “Tenemos que superar la idea de legalidad; lo que tenemos es legitimidad. Es bueno saber que tendremos que hacer cosas al margen de la legalidad”. Añadió que “se tendrá que desbordar la legalidad, que la desobediencia sea masiva”.

El relato de la CUP es más crudo que el de Junts pel Sí. Salellas advirtió que “habrá consecuencias, castigos”. Gabriela Serra, en el Colegio de Abogados de Tarragona, insistió en que “la libertad tiene un precio”: “Solo podemos conseguir la ruptura si tenemos organizada a la sociedad civil; tendremos que vivir viéndolas venir. Es un proceso durísimo, la ciudadanía debe tener claro qué precio debe pagar por la libertad”.

Poble Lliure, corriente interna de la CUP, ha publicado un documento en el que propone “el despliegue de Grupos de Defensa de la República Catalana. Ahora es necesario que todas las organizaciones con implantación territorial ofrezcan al pueblo catalán instrumentos de organización y de lucha más y más amplios”.

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, explicó el 24 de febrero en Valls que su organización está preparada para acampar en el Parque de la Ciutadella —sede del Parlament— e impedir la inhabilitación de los diputados: “Cuando un juez dicta una inhabilitación y ese cargo público decide, con nosotros a su lado, que aquella orden de inhabilitación es papel mojado y vuelve a trabajar a su despacho, el Estado tiene un problema porque ha de utilizar otro posible escalafón, el de la violencia”. El consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, dijo en ese mismo acto: “Desde ahora y hasta que votemos, nuestra gran fuerza es la movilización masiva”. “Lo que determinará si somos creíbles es si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de lo que nos vendrá ahora. Lo que determinará si somos capaces de hacer el referéndum no son cuestiones técnicas, es si la gente está moralmente a la altura, convencida”, añadió Romeva.

El diputado de la CUP Albert Botran explicó en marzo en una conferencia en Barcelona que “el sentido de estas charlas es que la movilización ha de ser durante estos meses más intensa de lo que ha sido durante todo el proceso; ha de tener carácter masivo y permanente”. Botran recordaba que los acontecimientos se han acelerado respecto a las intervenciones públicas que protagonizó en el primer semestre de 2016. Pese a ello, en una mesa redonda del mes de mayo en Torelló, Botran, el diputado de ERC Joan Tardà, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y Jordi Sànchez ya planteaban el escenario de la desobediencia civil. Tardà precisó que esta sería coincidiendo con la ley de ruptura: “Quien quiera emociones, las tendrá, cuando se apruebe la ley de transitoriedad jurídica, que es la independencia, no la República pero si la independencia de España. El momento crítico será el día en el que el Parlament vote la ley de transitoriedad jurídica. ¿Y qué harán? ¿Chapar el Parlament? Lo convocaremos en Poblet. Quizá será el momento en el que millones de persones tengan que ocupar las calles de forma pacífica”.

La AMI prepara desde octubre una Asamblea de Cargos Electos (AECAT), compuesta actualmente por más de 3.000 concejales, alcaldes, diputados y senadores “para sustituir al Parlamento en caso de inhabilitación”. Pere Aragonès, secretario de Economía de la Generalitat y peso pesado de ERC, ha definido la AECAT como “nuestros Estados generales”.

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Botran concretó, en la reunión de 2016 en Torelló, medidas de insumisión en caso de que un banco no reconozca la independencia: “¿Cómo das a entender el día D a La Caixa? ¿Cómo lo das a entender a los poderes fácticos en caso de boicot del Estado? En este choque hay una desobediencia muy potente y es que todos tenemos ahí nuestros ahorros”. Botran, este marzo, ilustró cómo los comités de empresa podrían presionar para exigir pagar sus cotizaciones y tributos a la Generalitat y no al Gobierno español.

La ANC ultima un documento de acción para los próximos meses, sobre todo para “organizar las movilizaciones necesarias para que el Parlamento de Cataluña apruebe la ley de transitoriedad jurídica y proclame la independencia”. La Vanguardia avanzó que algunas de las ideas que baraja la ANC son “acampadas indefinidas”, “resistencia pasiva”, “insumisión fiscal”, “ocupación de infraestructuras” o “la protección de la televisión y radio púbica si hay un corte de comunicaciones”. La diputada de la CUP Gabriela Serra advirtió en febrero, en una ponencia en el Colegio de Abogados de Tarragona, que uno de los puntos vulnerables de la unilateralidad será la capacidad del Estado de interrumpir el suministro energético y la red de transportes. La intervención de Serra se enmarcaba en un ciclo de conferencias sobre desobediencia civil.

Sacrificar días de vacaciones

Jordi Sànchez, presidente de la ANC, ha insistido en que los miembros de la ANC podrían tener que sacrificar días de vacaciones de verano para participar en protestas. Sànchez destacó la importancia de la posible comparecencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante la justicia para probar la fuerza de la ANC en los momentos decisivos del proceso unilateral.

Sànchez ilustra esta fuerza con la concentración de miles de personas que se manifestaron ante el Palacio de Justicia de Barcelona durante el juicio por el 9-N a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí, dijo el 6 de marzo que “si tocan a Carme Forcadell no se sabe cuál puede ser la reacción popular”. Llach precisó algunos detalles de la estrategia a seguir: “Si inhabilitan a los diputados y al Gobierno, ¿cuál es la válvula libre que queda? Vosotros. Si vosotros persistís con la movilización en la calle de una forma pacífica y serena, y focalizamos a los medios de comunicación sobre vosotros, y si explicamos que detrás de todo esto hay un pueblo que quiere la autodeterminación, para un montón de países europeos será muy difícil no moverse”.

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Sobre la firma

Cristian Segura

Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario Avui en Berlín y posteriormente en Pekín. Es autor de tres libros de no ficción y de dos novelas. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa.

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