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OPINIÓN

De Alicante a Venecia

Tras cuatro décadas de régimen constitucional, un miembro del poder judicial considera más justo, apropiado y didáctico seguir rindiendo homenaje a la División Azul

Cambio de placas en una plaza de Valencia.
Cambio de placas en una plaza de Valencia.

Aunque la imagen fue reproducida por los medios, el sábado, a todo color, en realidad pedía a gritos un blanco y negro de tono posguerra; de hecho, parecía la reconstrucción de una escena histórica mil veces repetida, en los municipios de media España, a partir de 1939. Me refiero a la actuación de dos empleados del Ayuntamiento de Alicante que, hoy hace una semana, retiraron las placas de la plaza de la Igualdad y las sustituyeron por otras con el texto “Plaza de la División Azul”.

Como seguramente saben, el episodio tiene sus antecedentes. 36 años después de las primeras elecciones locales libres —y por inverosímil que parezca—, en 2015 todavía existían en el callejero de la capital alicantina decenas de nombres impuestos por los vencedores de la guerra civil; nombres de militares golpistas, de caídos falangistas, de próceres de la ultraderecha, de jerarcas franquistas... El nuevo gobierno de la ciudad decidió, en aplicación de la ley de la Memoria Histórica de 2007, corregir tal situación y cambió 46 topónimos urbanos: la División Azul dejó paso a la Igualdad, el general Varela a la periodista y feminista Carmen de Burgos, el dictador Miguel Primo de Rivera a José Luis Lassaleta (primer alcalde democrático de Alicante en 1979), el conde de Vallellano a los Mártires de la Libertad, el barrio de José Antonio se convirtió en barrio de Miguel Hernández, etcétera.

Ahí entró en escena el PP, que ha considerado durante dos décadas Alicante como su cortijo y que, invocando argumentos de tipo formal y procedimental, presentó un recurso contencioso-administrativo contra aquellos cambios en el nomenclátor. No es ninguna especificidad local: recordemos el caso de Madrid, o el del PP barcelonés, que se opuso como gato panza arriba a dedicar el Estadi Olímpic a Lluís Companys, sugirió como nombre alternativo el de Juan Antonio Samaranch... y, por boca de Alberto Fernández Díaz, acaba de censurar a la alcaldesa Ada Colau por promover una querella contra el juez que redactó la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich. Siempre que, en las instituciones, se quiere condenar o deslegitimar simbólicamente el franquismo, el PP experimenta un reflejo pavloviano de rechazo de esas condenas o deslegitimaciones so capa de “no reabrir heridas”. ¿Por qué será? ¿Por amor filial?

Pero lo mejor del caso estaba por llegar. Lo más notable del conflicto alrededor del callejero alicantino es que, atendiendo al recurso del Partido Popular, una juez ordenó al consistorio el “restablecimiento de las denominaciones primitivas” de los espacios urbanos en cuestión, al tiempo que reprochaba al Ayuntamiento haber cambiado las placas “de manera precipitada e inmotivada”. 

Es decir: tras cuatro décadas de régimen constitucional, un miembro del poder judicial español previsiblemente formado en el marco de la Carta Magna considera más justo, apropiado y socialmente didáctico seguir rindiendo homenaje a la División Azul -—quella unidad militar franquista que luchó bajo uniforme nazi a las órdenes de Hitler— que rendírselo a la Igualdad, uno de los tres pilares conceptuales de la democracia moderna. Aún más: la juez entiende que querer eliminar del callejero el recuerdo de la tropa inspirada por Serrano Suñer y dirigida por Muñoz Grandes resulta —¡en 2017!— precipitado (sic) y carece de motivos suficientes.

En no importa qué país de nuestro entorno, la situación que se está viviendo en Alicante resultaría inconcebible. Y aquí mismo, en circunstancias normales, habría merecido un alud de artículos de condena y sarcasmo ante el revival del callejero franquista y los factores que lo provocan. Ahora, en cambio, no; no, porque las vestales del progresismo y la democracia están absorbidas, monopolizadas por la denuncia diaria de las “martingalas” y los “desafueros” del secesionismo catalán, y ello bloquea su sensibilidad crítica respecto de cualquier otro tema.

También respecto de las objeciones formuladas por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ante aquella reforma exprés del Tribunal Constitucional español, impuesta en 2015 por el rodillo del PP y concebida como máquina de guerra contra el proceso catalán. ¿Qué importan las dudas de los juristas europeos acerca de la capacidad sancionadora atribuída al Constitucional o de su futuro crédito en tanto que árbitro neutral? En la medida que pudiesen hacerle el juego al “separatismo”, las sugerencias de la Comisión de Venecia serán ignoradas o rechazadas por cuantos, con sus títulos académicos a cuestas, han abrazado el lema cuartelero: “Todo por la Patria”.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.