Los afectados por el ERE del Incasòl demandan a un tercio de la plantilla

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó el Incasòl en 2012 aún colea en los tribunales y ha generado una de las situaciones más rocambolescas que se recuerden en los juzgados de lo social en los últimos años. Casi un tercio de la actual plantilla, de 294 trabajadores, está codemandada por sus antiguos compañeros en las denuncias individuales contra la empresa por los despidos. Los sindicatos ahora se desmarcan de la estrategia de los abogados que contrataron en su día para defender a los 170 afectados por el ERE.

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Los juicios comenzaron el lunes pasado y pueden durar varios meses. Se celebran en 12 juzgados diferentes. Cada uno de los despedidos que ha decidido ir a los tribunales presentó una lista de excompañeros que, en su opinión, deberían haber sido despedidos en su lugar. Los despedidos agumentan que hubo algún tipo de error en la valoración por parte de la dirección del ente catalán, bien sea en la puntuación o de carácter material. “Hay empleados con hasta 10 codemandas. Y tienes que ir a cada juicio, ¿A qué hora trabajas?”, se queja un trabajador que prefiere el anonimato. “Se han recibido notificaciones del caso de un afectado por el ERE que falleció hace dos años. Ahora el proceso supuestamente lo continúan sus herederos. Los abogados van a saco”, se queja otro.

Las demandas individuales llegan después de que la defensa de los trabajadores despedidos agotara la vía de la denuncia colectiva. En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón al ente que depende del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. El comité de empresa de ese momento, liderado por CATAC, impugnó esta resolución judicial pero, dos años después, el Tribunal Supremo le volvió a dar la razón a la empresa pública y acreditó los tres motivos alegados por la dirección: económicos, organizativos y productivos.

“Los trabajadores que se vieron afectados y a los que se les va a extinguir el contrato van a ser debidamente indemnizados en las cantidades que preveía la ley”, recuerda el instituto en un comunicado. Tras el ERE, el comité de empresa siguió apoyando la defensa e incluso los trabajadores votaron en una asamblea pagar de su bolsillo la asesoría jurídica que aún continúa y cuya estrategia pasa por ir, irónicamente, en contra de sus intereses. “Nunca participamos en el diseño de la estrategia de la defensa, esto está enfrentando a antiguos colegas. Se tendría que ir contra la empresa, no contra los compañeros”, explica Felipe Olivera, portavoz de CATAC.

El Incasòl ha contratado un bufete de abogados para que asistan a sus empleados de manera gratuita. También pueden recurrir a los servicios de UGT. Ante el posible colapso que implica la avalancha de procesos, los abogados de la empresa y los sindicatos pidieron que se agruparán en un solo juicio, pero la petición no fue aceptada.

De momento, en el primero de los procesos, el juez ha considerado que no existían fundamentos en la base de la demanda. “Muchos excompañeros se asombran cuando les decimos que nos han demandado. Dicen que es un error y que ya han pasado página. Pero las demandas no se retiran”, se queja otro trabajador del Incasòl. El conflicto actual ha pasado factura al sindicalismo, siendo CATAC el más afectado al perder peso dentro del comité.