Un testigo del ‘caso Guateque’ admite el adelanto de expedientes “sencillos”

"Aunque hubiera un orden en los expedientes, había algunos que requerían menos exigencias. Por eso los más sencillos los resolvíamos antes", afirmó Ramón Enrique Sánchez que declaró en calidad de testigo ante el tribunal. A su vez, el exdirector de Evaluación Ambiental matizó que en el departamento había control de todo lo que se hacía y que se hubiera extrañado si la fecha de entrada y de salida de un expediente era demasiado próxima.

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A continuación, la coordinadora de los técnicos de Tragsatec contestó a las preguntas sobre el caso. Cristina Álvarez aseguró que cuando llegó al departamento de evaluación ambiental "estaba colapsado y no podía asumir la carga de trabajo". La testigo admitió que en algunas ocasiones se le ordenó que adelantara expedientes pero que nunca le informaron de la razón. "Yo sabía que tenía que darles prioridad a algunos expedientes porque había un post-it con esa orden. Creo, aunque no recuerdo bien porque esto fue hace nueve años, que en algunos ponía que era por orden del director general del departamento", dijo. Además, negó que nadie le pidiera hacer alguna irregularidad. 

Tras una breve pausa, comenzó su declaración el testigo Juan Luis Ávila, visiblemente enfadado. Ávila presentó en el momento de los hechos -hace casi 10 años- una denuncia contra Santiago Castillo y Carmelo García por un soborno de 70.000 euros que ambos supuestamente le pidieron a cambio de la agilización de una licencia. "Les dije que intentaría tener el dinero, pero finalmente no lo reuní", explicó.

El dueño de dos tiendas de animales aseguró que pidió la licencia para ambos locales y la pagó, pero que nunca le dieron el permiso y además le precintaron el negocio. "Me arruinaron la vida. Me quedé sin negocio, me di 20.000 paseos al Ayuntamiento, me fui de España por amenazas, perdí mi familia y perdí mi casa por culpa de este proceso", concluyó con un elevado tono de voz. Minutos después abandonó la sala después de ser esquivo a las preguntas de los letrados e insistir en que ratificaba lo que había manifestado en la denuncia del soborno en el momento de los hechos. 

El último testigo en responder a las preguntas fue Vicente de Gregorio. El promotor contrató a uno de los socios fundadores de la empresa AB San Escribano Ingenieros Consultores SL, Antonio Sanz Escribano, para tramitar la licencia de actividad de una sala de fiestas. Sanz Escribano es uno de los 30 acusados y se enfrenta a 8 años y nueve meses de cárcel. 

Escribano fue quien le comunicó a De Gregorio que si quería asegurarse de conseguir la licencia en poco tiempo tenía que pagar un soborno a un funcionario municipal de entre 12.000 y 15.000 euros. "Inicialmente acepté. Yo solo quería resolver el problema", admitió. Mañana continuará el juicio en la Audiencia Provincial con la declaración de más testigos.