Puigdemont incumple en su proceso de ruptura las promesas de transparencia

Junts pel Sí acudió a las elecciones del 27 de septiembre de 2015 con un programa plagado de apelaciones a la transparencia. Pero su Gobierno ha eludido esa promesa durante el proceso independentista en el que trabaja. La ley de transitoriedad jurídica, en la que pretende apoyar el referéndum prometido para este año, es el gran secreto de la legislatura pese a las reiteradas peticiones de información de la oposición. Tampoco ha activado el “proceso participativo en torno al proceso constituyente” con el que iba a implicar a la sociedad civil.

“Estamos convencidos de que sin transparencia no puede haber confianza, y sin confianza no hay democracia auténtica”, apunta el programa electoral de Junts pel Sí. Ese principio, sin embargo, duerme el sueño de los justos en materia secesionista. El Gobierno catalán de Junts pel Sí —junto a la CUP— elabora con sumo celo la ley de la desconexión, y está intentando cambiar el reglamento del Parlamento para que la norma con la que quiere amparar la convocatoria de un referéndum de independencia pueda aprobarse por la vía de urgencia y sin apenas debate en la Cámara.

El Ejecutivo catalán ha evitado incluso invitar a Catalunya Sí que Es Pot a la elaboración de esa ley, pese a que ese grupo es partidario del referéndum acordado y se ha sumado al Pacto Nacional por el Referéndum, que agrupa a los partidos y organizaciones soberanistas, sean o no independentistas.

La Generalitat defiende ese secretismo para evitar que el Tribunal Constitucional anule la ley antes de que se apruebe.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont también ha retrasado al máximo el proceso participativo que prometió para poner en marcha el deno<CS8.8>minado “proceso constituyente”, la expresión que para el independentismo define los trabajos para redactar la Constitución de una futura “república catalana”. Pese a las presiones de la CUP para que se active el proceso, el Ejecutivo ha logrado postergar los trabajos hasta después del hipotético referéndum.

Catalunya Sí que es Pot, la confluencia catalana de Podemos, criticó ayer la operación de Junts pel Sí para modificar el reglamento. Lluís Rabell, presidente del grupo, avisó de que armarán “un pollo monumental” si la reforma exprés sigue adelante. “Es contraria a la democracia, gobierne quien gobierne”, dijo.

Comisiones pendientes

Estaba previsto que la Generalitat pusiera en marcha un proceso abierto a la sociedad civil, pero ni se ha constituido la prometida comisión de seguimiento ni el Fórum Social Constituyente. Tampoco la comisión de expertos internacionales que pactaron Junts pel Sí y la CUP. La izquierda anticapitalista señala que se sigue trabajando y que solo cuando haya algún acuerdo lo harán público.

Diversos juristas consultados por EL PAÍS coinciden en reprobar la intención de Junts pel Sí de modificar el reglamento del Parlament para que este grupo pueda presentar la proposición de la ley de desconexión y aprobarla por el procedimiento de lectura única. Así, Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional del País Vasco, considera que “es una aberración modificar el reglamento para ese fin y para cualquier otro”. En su opinión, además, el procedimiento de urgencia para aprobar una ley ha de aplicarse en muy contadas ocasiones, “porque excepciona el principio de debate y pluralidad que rige en una Cámara legislativa”.

El constitucionalista Francesc de Carreras afirma que la iniciativa de Junts pel Sí “es un atropello a los representantes del pueblo de Cataluña” que revela “el desprecio por la democracia de los partidos separatistas”. También entiende que “es una maniobra ingenua” que Junts pel Sí pretendía que pasara inadvertida.