Junts pel Sí quiere aprobar la ley de desconexión sin apenas debate

Junts pel Sí activó este lunes el mecanismo para que la ley de transitoriedad jurídica, que sería el marco legal hasta consumar una hipotética secesión, pueda aprobarse en el Parlament en cuestión de horas y sin apenas debate. La coalición independentista registró unas enmiendas para reformar el reglamento de la cámara y facilitar que un grupo pueda presentar una proposición de ley y quede aprobada por el procedimiento de lectura única.

Ese mecanismo se emplea en contadas ocasiones y está reservado a los proyectos de ley que presenta el Gobierno catalán o a las proposiciones de ley si las firman todos los grupos parlamentarios. La junta de portavoces dará este martes el visto bueno a la tramitación de esas enmiendas.

La modificación del reglamento de la cámara ha de seguir el farragoso trámite del procedimiento legislativo común en el marco de la comisión del Reglamento que tiene condición de comisión legislativa, presidida por Carme Forcadell y en la que Junts pel Sí y la CUP tienen mayoría. Esa comisión ha de elaborar un dictamen con las aportaciones de todos los partidos que finalmente irá al Pleno y que no es nada susceptible de ser impugnado por el Gobierno del PP, pese a que la oposición criticará la intencionalidad final de la reforma del reglamento.

Las enmiendas que ha registrado Junts pel Sí con carácter de urgencia también se refieren a las comparecencias en comisiones, la conciliación horaria de los diputados, la delegación del voto, la integración de los procedimientos, la tramitación de las iniciativas legislativas populares o el plazo para presentar interpelaciones.

Son cuestiones menores si se comparan con el artículo 135.2 que se pretende modificar con el siguiente redactado: “A solicitud del grupo parlamentario promotor y de acuerdo con la junta de portavoces, puede proponer que una proposición de ley sea tramitada directamente en lectura única” si lo acuerda el Pleno del Parlament.

La estrategia de Junts pel Sí tiene asegurado el éxito porque este grupo dispone de mayoría en la Junta de portavoces, con lo que el nuevo texto iría al Pleno donde también pasarían el trámite con los votos de la CUP. Además de eso, ambos grupos sumarían fuerzas y modificarían sobre la marcha el orden del día del Pleno cuando deba aprobarse esa ley de desconexión, un mecanismo que ya está previsto en el reglamento de la cámara y que ya se ha empleado en otras ocasiones.

De esta manera, la mayoría independentista pretende sortear el recurso que previsiblemente presentará el Gobierno del PP con el fin de paralizar la tramitación de la ley de transitoriedad jurídica. Junts pel Sí y los anticapitalistas ya han pactado su contenido y serán esos grupos y no el Gobierno catalán quien presente la proposición de ley.

Si la impugnación del Gobierno de Mariano Rajoy está asegurada, la suspensión por parte del Tribunal Constitucional será automática, pero ya recaería sobre una ley aprobada por la Cámara, no sobre un proyecto legislativo. Eso alimentaría el discurso independentista y serviría como argumento ante el enfrentamiento institucional definitivo que se avecina con la convocatoria del referéndum que Carles Puigdemont ha prometido para finales de septiembre de este año, a más tardar, y que el Constitucional ya ha advertido que no se puede celebrar.

Las consecuencias legales de tramitar esa ley de desconexión recaerían, por tanto, sobre los cuatro miembros que Junts pel Sí tiene en la Mesa y contra los que la Fiscalía ya se querelló hace unos días por aprobar las resoluciones que anunciaban el referéndum. Sería la manera de mantener “intactos” hasta el final a los miembros del Gobierno catalán para que pudieran seguir ejerciendo sus funciones.