Choque de trenes pactado

Las posiciones son claras. Por si faltaba alguna precisión, el 11 de enero almorzaron clandestinamente Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, en La Moncloa. Las relaciones personales parece que son buenas, pero las obligaciones de uno y otro son abiertamente incompatibles.

Puigdemont solo se siente atado por su compromiso para negociar los términos, fecha y pregunta de un referéndum en el que se incluya la posibilidad de independencia de Cataluña. Rajoy se siente obligado por un compromiso inverso: puede negociar cualquier cosa menos un referéndum que incluya una pregunta sobre la independencia de Cataluña.

El presidente catalán responde por la mayoría de diputados independentistas de Junts pel Sí y la CUP, que primero se comprometieron a la aprobación de tres leyes de desconexión y a proclamar la independencia en 18 meses y luego sustituyeron en su hoja de ruta el objetivo de la secesión por el de un referéndum, a ser posible pactado y en caso contrario unilateral.

El presidente español, por su parte, se debe a la actual Constitución, en la que no encuentra margen alguno para una consulta sobre la independencia de Cataluña y menos un referéndum de autodeterminación como el que se le exige. En 2013, el jurista Francisco Rubio Llorente defendió la posibilidad de que, sin reforma constitucional, mediante un simple cambio en la ley española sobre las modalidades de referéndum, se pudiera organizar una consulta en la que se preguntara sobre la independencia a los catalanes o al conjunto de los españoles.

Los márgenes eran estrechos entonces, en plena crisis financiera, con las autonomías españolas, incluida la catalana, intervenidas y bajo perfusión del FLA (fondo de liquidez autonómica), pero es difícil creer que existan o sean mayores ahora. El propio Rubio Llorente advertía que el camino del derecho a decidir ya emprendido unilateralmente dificultaba la iniciativa del referéndum legal y pactado que supondría su idea de reforma legislativa.

A todo ello se añade un obstáculo adicional. Los cinco años de proceso independentista han sido de creciente polarización entre los dos gobiernos y sus respectivos y poderosos aparatos políticos y mediáticos, públicos y privados, hasta alcanzar un acoplamiento de enorme rendimiento electoral. Los beneficiarios son los dos extremos, que se retroalimentan mútuamente: el independentismo apresurado con sus objetivos y plazos irrenunciables y el unitarismo inmovilista, que considera cualquier concesión, incluso verbal, como un premio al independentismo.

Rajoy representa la parte más fuerte en este conflicto, y por tanto la que tiene mayor responsabilidad en su resolución. Pero tiene un problema de legitimidad, agravado por su pasividad política. Su gobierno, su partido y él mismo se han ausentado de Cataluña e incluso de sus debates públicos desde que llegaron a La Moncloa, a pesar de que están en el origen del contencioso, han incumplido compromisos, algunos de ellos estatutarios, y han hecho gala de una actitud negligente sino despreciativa hacia el conjunto de los catalanes, incluidos los que no se sienten vinculados al proceso independentista. A través de la fiscalía y la abogacía del Estado, han subcontratado toda la obstaculización del proceso al Tribunal Constitucional y al poder judicial, a los que han sometidos a una presión, con frecuencia implícita pero en muchos casos desvergonzada, de alta toxicidad para la imagen pública del Estado de derecho.

Puigdemont, por su parte, no tiene un mandato democrático ni mayorías de votos populares suficientes para llevar a cabo su plan. Los pasos que ya ha realizado la mayoría meramente parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP vulneran el Estatuto de Cataluña y la Constitución y, lo que es más importante, los derechos políticos de los ciudadanos representados por las otras fuerzas de la cámara. El insulto del secreto con que se prepara la ley de transitoriedad jurídica se añade a la injuria del desbordamiento de la legalidad estatutaria y constitucional. Fuera de la burbuja mediática independentista y en el clima de saturación propagandística que vive Catalunya, es una ironía vender el cuento de que el independentismo no tiene libertad para expresarse, cuando lo que los tribunales están impidiendo es que los parlamentarios secesionistas alcancen sus objetivos sin respetar los procedimientos legales.

Así llegamos a los radicales desacuerdos del 11 de enero en La Moncloa y a la firme voluntad de ambas partes de cumplir sus compromisos hasta las últimas consecuencias. Si cada uno conoce perfectamente la posición del otro, como parece ser el caso, lo menos que pueden esperar los ciudadanos es que pacten la forma menos perjudicial posible para terminar de una vez con este largo calvario y procedan, inmediatamente después —probablemente tras unas nuevas elecciones—, a acordar esa tercera vía tan denostada y combatida por los mismos que ahora se verán obligados a resucitarla. Es decir, si tiene que haber choque de trenes, al menos que sea pactado.