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OPINIÓN

Peor trabajo y peor pagado

Se cumplieron cinco años de la reforma laboral que aprobó el PP con los votos de Convergència. La palabra clave fue “flexibilidad”. Y lo que tenemos ahora es, ciertamente, más flexibilidad

En una época en que estamos aprendiendo a marchas forzadas que no todas las evidencias son aceptadas como tales y que los más variados argumentos pueden acabar conduciéndonos a decisiones irracionales, hablar de trabajo y dignidad resulta aventurado. Llevamos casi diez años de crisis económica y vemos que estamos entrando en otra época. El trabajo y su relación con las trayectorias personales, con la construcción de carácter e identidad o como puerta a la emancipación y la construcción estable de nuevos núcleos familiares, ha ido deteriorándose, ha ido perdiendo buena parte de su condición vital nuclear. La discontinuidad contractual se ha convertido en norma para muchos de los menores de 45 años. Para la mayoría, los salarios han ido perdiendo suelo, las condiciones de trabajo son peores, las dificultades para llegar a final de mes han crecido.

Se cumplieron cinco años de la reforma laboral que aprobó el PP con los votos de Convergència Democràtica. La palabra clave fue “flexibilidad”. Y lo que tenemos ahora es, ciertamente, más flexibilidad en las entradas y salidas de los empleos, más flexibilidad para los empleadores a la hora de decidir duración de jornadas y distribución de horarios, más flexibilidad para reducir salarios sin el corsé de los convenios, más flexibilidad para convertir la contratación a tiempo parcial en una trampa para quiénes querían conciliar mejor trabajo y otras tareas y ven que acaban trabajando mucho más que lo querían sin que el salario acompañe esa mayor dedicación. Tras estos cinco años, la conclusión parece clara: se está creando más rápidamente empleo que antes, pero también ha aumentado la inseguridad (lo que implica menos capacidad para reivindicar derechos) y se ha reducido el salario (lo que vuelve a aumentar la inseguridad e incrementa la proporción de trabajadores que no pueden vivir de su sueldo).

La situación en Barcelona ciudad es un ejemplo que nos muestra los efectos de la combinación de cambio tecnológico, legislación laboral “flexible” y preponderancia del sector servicios: más de la mitad de los parados son mayores de 45 años, tienen educación básica y llevan más de un año buscando trabajo. Los contratos indefinidos son uno de cada diez (13%), y cuatro de cada diez son de un mes o menos de duración (36'9%). Los sueldos han bajado para los que ya cobraban poco, mientras que sigue pasando que las mujeres cobran un 25% menos que los hombres para un mismo empleo. En una encuesta reciente que el Ayuntamiento de Barcelona ha realizado entre los usuarios de los servicios sociales, se pone de relieve que un 20% de los mismos trabajan pero que no pueden subsistir sin recibir algunas de las variadas prestaciones existentes. Dos terceras partes de ese colectivo de trabajadores pobres reciben menos de 600 euros al mes por su labor. Se detecta asimismo el deterioro de las condiciones de salud que esa situación acaba provocando. Vemos también que la existencia de hijos agrava los problemas. De la misma manera que pagar un alquiler lo dificulta todo más aún, y en ese colectivo el 80% está en esa situación.

En el conjunto del área metropolitana la situación es aún más grave. Es un tema estructural. Tan estructural que ha decidido en buena parte el duelo entre Valls y Hamon en las primarias del Partido Socialista Francés. Como titulaba Le Monde, el trabajo y su futuro fue una de las claves que distanció a los dos candidatos. Valls seguía prometiendo pleno empleo y recuperación de las condiciones laborales precrisis, Hamon afirmó que había que avanzar hacia una renta universal frente a la disrupción tecnológica y laboral. Si bien no parece fácil alcanzar ese proyecto en dos días, lo que si que deberíamos hacer es modificar la legislación laboral, fijar un salario mínimo digno y avanzar en una renta de garantía de ingresos, al estilo de la que existe en el País Vasco desde 1989 (que asegura cerca de 700 euros al mes), que permita a la gente sin recursos suficientes vivir con dignidad sin tener que acumular trámites burocráticos, idas y venidas a distintos proveedores de ayuda, y una estigmatización generalizada de su personalidad. Y que además, permite compatibilizar trabajos mal pagados con complementos que permitan llegar al mínimo vital. Allí es el 3% de la población la que recibe esa renta. En Cataluña no llega al 0,5% los que acceden al PIRMI. No es un tema solo de concierto y de financiación lo que explica las diferencias. Es también un tema de prioridades. Es un tema de presente y de futuro que no puede improvisarse en dos días, pero que es imprescindible encarar con seriedad.