Juicio a un guardia civil y al número dos del clan de Los Morones por robar cocaína

La Audiencia de Pontevedra lleva a juicio a Marino Giménez, el número dos del clan gitano de Los Morones, y al cabo de la guardia civil, Enrique Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una banda que se dedicaba al asalto de vendedores de cocaína que operaban en el sur de la provincia de Pontevedra. El tribunal ha desestimado todos los recursos de los acusados, que intentaron tumbar la investigación policial de agentes de la Udyco de Vigo y las intervenciones telefónicas que precedieron a su detención junto a otras cinco personas en enero de 2014. Ambos serán juzgados por el tribunal de la sección quinta de Vigo a partir del próximo 24 de abril.

Marino Giménez, de 29 años, está implicado junto a su padre Olegario Giménez, el autoproclamado rey del mayor clan gitano de Galicia, radicado en Tomiño, y tres de sus hermanos, en una red de extorsión en mercadillos por la que ha estado casi un año en prisión.

El fiscal antidroga de Pontevedra considera a Marino Giménez como el presunto ideólogo de los vuelcos de cocaína a vendedores y le pide 12 años de prisión, mientras que adjudica el supuesto papel de actor principal al cabo Enrique Pérez, Kike, de 47 años, que afronta nueve años y seis meses, y que en el momento de los hechos estaba destinado en el puesto de la Guardia Civil de Mos.

Según la acusación, en la tarde del 15 de enero de 2014, cuando los hombres de Marino estaban aparcados en el lugar donde se habían citado con dos vendedores para asaltarlos, la llamada del cabo informando que no podía disponer de un vehículo oficial de la Guardia Civil con el que iban a dar el vuelvo, frustró los planes de la banda.

Al día siguiente, todos volvieron a sus puestos bajo las órdenes de Marino y el grupo se desplegó de nuevo en Poio para retomar el plan, sostiene la fiscalía. Giménez iba de copiloto en un coche conducido por uno de sus hombres de confianza, Alfredo Iglesias Gómez, y su cometido era, sostiene el ministerio público, mantener comunicación telefónica con el guardia para informarle en tiempo real de los movimientos del vehículo en el que viajaban los vendedores que iban a ser víctimas del robo.

Uniformado y dentro del coche patrulla, el acusado Enrique Pérez tenía que darle el alto a los vendedores en una gasolinera para que fuese posible sustraerles la droga, mientras en otro vehículo, Alfonso Puch Castro, de 34 años, tenía encomendadas labores de refuerzo y vigilancia, señala la acusación. Delante de un supermercado de Poio, Marcos González Buján se subió al coche de Modesto Domínguez y Benito Otero con los que había quedado, fingiendo que iba a comprarles una partida de cocaína valorada en unos 60.000 euros. El fiscal afirma que su función consistía en distraer el alijo cuando fueran parados por el control ficticio del guardia civil.

Según el escrito de acusación, entre las 8.30 y las 9.20 horas, el coche con la cocaína a bordo se desplazó por la autopista AP-9 desde Poio a O Porriño para continuar por la carretera N-550 con dirección a Redondela, escoltado por el jefe de la banda que iba informando desde el coche al guardia civil sobre la posición del objetivo.

Al llegar los vendedores a la gasolinera de Mos, el cabo les dio el alto exhibiendo su arma reglamentaria. En ese instante todos ellos fueron rodeados por varios agentes de la Udyco. En el momento de su detención a Giménez se le intervinieron 3.650 euros y los dos móviles desde los que coordinó supuestamente la operación. En el registro de su chalé del barrio de A Pedra de Tomiño se encontró una pistola con el número de serie borrado, para la que carecía de licencia de uso y guía de pertenencia. También se halló más munición, un revólver de fogueo, tres navajas y 13 móviles, además de varios gramos de cocaína con un grado de pureza inferior al 30%, dosis de heroína de muy baja calidad y cannabis.

El fiscal Luis Uriarte también pide nueve años y seis meses de prisión para Marcos González y para el resto de los detenidos, incluidos las dos víctimas del asalto, solicita condenas de cuatro a siete años. Los siete acusados afrontan una multa de 170.000 euros.