La Generalitat contrató a Vidal para un trabajo inexistente
El exsenador fue fichado el 2015 como alto cargo para un proyecto parado el 2014
El Departamento de Justicia de la Generalitat asegura que no hay registro de ningún trabajo elaborado por Santiago Vidal durante los cinco meses que fue alto cargo del Gobierno catalán. El juez y exsenador fue contratado entre junio y noviembre de 2015 como “director del Programa para el estudio de la administración de la justicia y el poder judicial en Cataluña”. Su función era asesorar al por entonces consejero Germà Gordó y redactar informes que “formarán parte del Libro Blanco de la Justicia”, según el anuncio oficial de su contratación. El Libro Blanco es un proyecto que, según los actuales responsables de la consejería, está en suspenso desde 2014.
El Libro Blanco de la Justicia era el objetivo de trabajo del Observatorio Catalán de la Justicia, según una portavoz del Departamento: “El libro blanco era un documento impulsado por el Observatorio de la Justicia, con participación del TSJC, la Fiscalía, los colegios de abogados, los procuradores y otros. Este Observatorio no se reúne desde 2014. No está previsto que se vuelva a convocar porque se considera poco operativo. No consta ningún documento elaborado por Santi Vidal que haya sido aprobado por este Observatorio”. La misma portavoz asegura que no tienen constancia de ningún informe realizado por Vidal durante su paso por la Generalitat.
Su plaza, por la que recibía una retribución de alto cargo —84.078 euros brutos anuales— no se ha vuelto a ocupar. Vidal fichó por la Generalitat tras ser suspendido como juez por redactar el borrador de una constitución catalana. En una conferencia de 2015 en Sant Cugat, Vidal aseguró que “fue un honor que el presidente Artur Mas me encargara, como director general de Justicia, diseñar el nuevo sistema judicial de Cataluña”.
Las informaciones en los medios de comunicación sobre su contratación y su renuncia en noviembre de 2015 —para concurrir a las elecciones generales como cabeza de lista de ERC al Senado— indicaban que había sido contratado para redactar el Libro Blanco. El Departamento de Justicia del anterior gobierno había reiterado que el Libro Blanco debía presentarse a finales de 2015. Finalmente no se llegó a presentar ni a elaborar. El jefe de prensa del Departamento de Justicia destaca que el equipo de actual consejero, Carles Mundó, no puede hacerse responsable de la actuación del anterior consejero. Gordó explica por escrito a EL PAÍS que el trabajo de Vidal “era el que constaba en su nombramiento y en el programa correspondiente. El señor Vidal desarrolló pocos meses sus funciones”. Gordó no ha respondido a la pregunta específica de si el Libro Blanco era un proyecto caducado.
Las propuestas del CATN para elegir el poder judicial
El Libro Blanco del Consejo Asesor para la Transición Nacional CATN), coordinado por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, planteaba varias opciones para construir el poder judicial de una república catalana, sustituyendo a los jueces que no asumieran el nuevo marco legal: “Es evidente que las personas que ocupen esta función concreta en el mismo momento de la independencia pueden tomar la opción personal de abandonar Cataluña, pero hay que asumir que esta circunstancia encontrara mecanismos de suplencia y que la mayoría de funcionarios continuarán ejerciendo sus funciones y cuidarán de la aplicación del derecho declarado vigente”.
El CATN subrayaba que el factor de arraigo sería fundamental para prever con qué jueces se podrá contar en el hipotético caso de una declaración de independencia: En el caso de “se produzcan vacantes para la creación de un nuevo estado en Catalunya se debe tener en cuenta igualmente el factor del arraigo. Este factor debe considerarse no sólo en relación con aquellas personas que han nacido en Cataluña o que han pasado aquí una parte extensa de su vida, sino también con aquellas que, incluso con menos tiempo de residencia, se han asentado y han establecido múltiples vínculos de carácter personal, familiar y social, además de los profesionales".
Vidal ha sido centro de la polémica por sus declaraciones sobre posibles acciones ilegales de la Generalitat para preparar a Cataluña ante una declaración unilateral de independencia. Entre otras afirmaciones, Vidal reiteró en varias charlas públicas organizadas por ERC que la Generalitat había investigado a toda la planta judicial en Cataluña para determinar con qué jueces podían contar para una hipotética independencia de Cataluña, cuáles deberían ser sustituidos y por quién. La Generalitat ha desmentido estas aseveraciones.
Selección de jueces
Vidal ya explicó a EL PAÍS en septiembre de 2015 que estaba entrevistando a juristas para asumir las vacantes de jueces en una república catalana. Aquel artículo añadía el testimonio de un abogado que para tal fin se entrevistó con Vidal en su despacho del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat. El Departamento de Justicia no tiene registro de los colaboradores que pudo tener Vidal mientras estuvo en el gobierno. En sus tres años como personaje de referencia del proceso de independencia, Vidal participó en numerosos actos públicos con juristas afines a la independencia. Uno de ellos es Fruitós Richarte, exmagistrado y representante de Ajudicat, Asociación de la Judicatura Catalana. Ajudicat fue presentada en público en 2013 por Richarte y Vidal, entre otros. Richarte aseguró en noviembre de 2015, en un debate en El Punt Avui TV, que “los estudios que hemos hecho nosotros, desde el ámbito de los jueces, se reflejan en el modelo de Dinamarca y los Países Bajos”. Richarte no ha querido dar su opinión sobre las declaraciones de Vidal.
Otro personaje que ha participado en actos públicos con Vidal es el abogado Sebastià Sardiné, antiguo portavoz de la sectorial de la ANC Juristas por la Independencia. Sardiné explicó en una conferencia de abril de 2016 que dos puntos delicados en la desconexión de España serán la reorganización policial y judicial. Sardiné detalló que él y otros juristas de la ANC redactaron un borrador de la ley de ruptura con Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios del Autogobierno: “Consensuamos una ley, de la que yo ya conozco el contenido y el nombre, pero no lo puedo decir, porque una ley de ruptura es muy delicada porque, qué hacemos con los jueces, qué hacemos con la policía”. Viver Pi-Sunyer confirma que se reunió en varias ocasiones con Sardiné pero que ni consensuaron ninguna ley ni acordaron nada.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.