El Ayuntamiento traslada a la fiscalía el desvío de fondos de informática

El Ayuntamiento de Madrid entregará a la Fiscalía Provincial la investigación sobre el caso de desvío de fondos detectado en el organismo municipal de informática (IAM). A través de albaranes falsos, miembros del IAM habrían desviado el dinero de compras jamás ejecutadas para fines aún por descubrir. Los contratos contemplaban la adquisición de productos tecnológicos por más de dos millones de euros. El caso, destapado por EL PAÍS, es la primera trama delictiva descubierta durante la alcaldía de Manuela Carmena.

La investigación "reservada e independiente" que desarrolló en estas últimas semanas el servicio de inspección del Consistorio habría confirmado la existencia de pruebas delictivas en algunos contratos de compras de productos informáticos realizados por el IAM, por un valor potencial de más de dos millones de euros.

Las alarmas saltaron cuando el Ayuntamiento de Madrid recibió una denuncia sobre una posible emisión de albaranes falsos en la compra de productos tecnológicos, que habrían permitido crear una balsa de dinero escondida y utilizada para otro tipo de operaciones. En un primer momento, el Consistorio subrayó que solo se pagaron los productos entregados (en concreto, por un valor de 388.000 euros), pero las conclusiones del informe dejan abierta la hipótesis de que parte del dinero de los contratos analizados sí se escapó del control interno del IAM, según confirmaron este martes fuentes oficiales del Ayuntamiento.

Entre la recepción de la denuncia y su entrega a los servicios internos de inspección, el equipo de gobierno de Ahora Madrid tardó un mes. Su primera decisión fue destituir al subdirector del IAM, tras comprobar que podía haber estado implicado en el caso. "Los indicios de la primera denuncia que nos llega señalaban a esa persona, puesto que su firma aparecía en el contrato investigado", explicaron desde el Consistorio.

Ahora, sin embargo, la investigación podría ampliar el abanico de los responsables. La misma portavoz municipal, Rita Maestre, admitió a finales de enero que la apertura de la inspección dejaba abierta la hipótesis de que las responsabilidades se extendieran más allá del subdirector.

En este sentido, y tratándose de contratos firmados a finales de 2016 (es decir, un año después de la llegada a la alcaldía de Manuela Carmena), la fiscalía podría citar a declarar al gerente del organismo para que averiguara sus eventuales responsabilidades, e incluso a Carmen Román, gerente de Madrid, el cargo político responsable del IAM.

El Ayuntamiento también decidió abrir, tras conocer la gravedad del informe, una auditoría interna sobre las contrataciones del organismo municipal a lo largo de los últimos cinco años. Fuentes internas del IAM, sin embargo, sostienen que con esa decisión el equipo de gobierno está creando una "cortina de humo" para no reconocer sus responsabilidades políticas.

En su comunicado, no obstante, el Consistorio mantiene que el informe de la inspección interna señalaba una actividad "irregular y mantenida en el tiempo". De la nota municipal, por otro lado, desaparecen las menciones a la "mala práctica administrativa" que habían sido empleadas en un primer momento por parte del equipo de gobierno.

La empresa tecnológica involucrada en el caso, cuya sede legal no está en España, reconoció a este periódico haber abierto una investigación interna para aclarar los hechos. No pudo confirmar, sin embargo, si algunos de sus representantes en Madrid fueron citados por los servicios de inspección del Consistorio.

En este caso de desvío de dinero estarían implicadas, además de esta firma tecnológica, otras dos empresas que actuaban como subcontratadas. El contrato con estas empresas, que se encargan de productos vinculados al almacenamiento de datos, instalación de servidores y proyectos de aceleración digital, se bloqueó cuando la inspección de servicios del Ayuntamiento abrió el citado procedimiento de investigación.