Los peajes de las autopistas catalanas, más caros

Están a punto de cumplirse cinco años de la eclosión de la campaña No vull pagar, que constituyó un movimiento de protesta de los usuarios de las autopistas de pago en Cataluña. Ya nada queda de aquella agitación que durante semanas generó frecuentes episodios de insumisión en los peajes, y que se presentó como un levantamiento popular contra un presunto expolio de las grandes concesionarias. Para este 2017, las autopistas que penden de la red estatal rebajan sus tarifas por encima del 0,4%. En cambio, las que son competencia de la Generalitat se encarecen entre un 0,7% y un 1,7%.

Abertis, la compañía que explota la concesión de la amplia mayoría de las vías de pago, alega que “en ningún caso” tiene poder de decisión sobre la fijación de los precios de los peajes, sino que es una atribución del Ministerio de Fomento, en el caso de la red estatal de carreteras, y de la Generalitat, en aquellas rutas que le son propias. Las dos Administraciones barajan baremos distintos para determinar las tasas de los peajes. En el caso de Fomento, deriva de aplicar la fórmula de actualización automática anual de esta tasa, que el sector de las autopistas pactó con el Gobierno en 2002.

Fomento detalla que se trata de un coeficiente que tiene entre sus principales variables el IPC medio entre los meses de noviembre de un año y octubre del siguiente, puesto en relación con el comportamiento mostrado en los 12 meses anteriores. Se atiende, también, a la evolución de los volúmenes de tráfico registrados respecto al previsto en el plan económico-financiero diseñado para cada carretera. La ecuación dió como resultado a finales del año pasado una oscilación negativa del -0,4%, una cifra que se toma como parámetro para fijar la actualización del precio del peaje. Acesa, la marca con la que Abertis explota la AP-7 desde La Jonquera hasta El Papiol, reduce sus tarifas un 0,47%. Aumar, filial bajo la que gestiona la misma AP-7 entre Tarragona y Valencia, se abarata un 0,46%. Son disminuciones similares a las que aplica Abertis-Avasa en la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, y descuentos superiores a los que aplica Abertis-Castellana en la AP-51 y la Ap-61 en Ávila y Segovia.

Por su parte, la Generalitat se acoge a un método de cálculo ligeramente distinto al de Fomento para actualizar el precio de los peajes de su red viaria. Según el Departamento de Territorio, el baremo catalán se centra en la evolución interanual, de octubre a octubre, del IPC estatal. Este cálculo obvia el comportamiento mediano de los precios y se queda con la foto final. Tampoco atiende, como sí hace Fomento, a la evolución de los 12 meses anteriores. Territorio apunta que “normalmente” los cálculos de Fomento y los de la Generalitat coinciden, pero en ejercicios donde el IPC ha sufrido fluctuaciones notables a lo largo del año, el resultado final puede diferir.

Ene este sentido, según Abertis, los peajes que aplica en la red catalana, esto es la C-31 y la C-32 en el Maresme, la autopista Pau Casals entre Castelldefels, Sitges y El Vendrell, o los túneles de Vallvidrera y del Cadí se encarecen entre un 0,7% y un 1,72%.

En diciembre de 2004, cuando bajo la presidencia de Pasqual Maragall la Generalitat aprobó el decreto que articula un sistema propio de actualización del precio de los peajes, se incluyó en el redactado un argumento que hacía referencia a que el marco tarifario catalán sería “claramente favorecedor para los usuarios”. El mismo decreto, un par de parágrafos más abajo, también recoge que el factor corrector no debe alterar “el equilibrio económico y financiero de las empresas y las sociedades concesionarias”.