Los jueces ordenan que los dos policías de Getafe que mataron a un hombre entren en prisión

El homicidio se produjo cuando Roberto García y David Prieto se subieron a un Opel Corsa en el centro de Getafe. Un policía local fuera de servicio creyó ver que metían a un hombre contra su voluntad en la parte trasera del vehículo. De inmediato, dio aviso a sus compañeros y se inició una persecución de 14 kilómetros en la que participaron varios coches patrulla.

Les siguieron hasta el distrito de Arganzuela, donde los agentes les cerraron el paso. Los perseguidos lograron esquivarlos y huyeron en sentido contrario por la calle de Vara del Rey. Los policías Antonio Miguel González Montero e Ismael García-Morato García-Valdivieso abrieron fuego y efectuaron unos 15 disparos. Uno de ellos alcanzó a David Prieto en la cabeza. Murió al día siguiente en el hospital 12 de Octubre. Iba de copiloto. El conductor, Roberto García, recibió un tiro y quedó herido grave.

Los magistrados de la Sección 16 dictaron la semana pasada un auto de cinco folios, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que rechazan la petición de los agentes Antonio Miguel González Montero e Ismael García-Morato García-Valdivieso. Estos solicitaron el pasado 12 de mayo que fuera suspendida su entrada en prisión tras haber solicitado el indulto al Ministerio de Justicia. Los jueces trasladaron sus escritos al ministerio fiscal y a la acusación particular, ejercida por María José Fandiño, la madre del fallecido, y representada por los abogados José María Garzón y Nicolás Marchal.

Penas muy cortas

El fiscal y la acusación particular se negaron a que se les otorgara el indulto. Los letrados de la madre argumentaron que los dos homicidas ya se habían beneficiado de “unas penas cortas de prisión pese a su condena por un delito consumado y otro intentado de homicidio”. Y ello, “pese a que no han reconocido los hechos ni mostrado arrepentimiento alguno”, según consta en el auto.

Los magistrados también se refieren en su escrito al informe que elaboró la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que fue la que casó la sentencia inicial al reducir las condenas. En este caso también fue desfavorable al no existir “objetivamente a favor de los condenados las razones de justicia, equidad o utilidad pública” que exige el artículo 11 de la Ley del Indulto.

Los jueces de la Audiencia Provincial concluyen que es necesario examinar si el indulto tiene siquiera posibilidades de que prospere. Los magistrados en principio lo rechazan, dados los informes negativos de las partes personadas. Los magistrados recuerdan que una de las máximas del derecho es que se cumplan las sentencias: “El artículo 32 de la Ley de Ejercicio de la Gracia de Indulto determina que ‘la solicitud o propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria’, lo cual comporta que firme que sea la sentencia, deberá ser ejecutada al margen de propuesta o solicitud de indulto y que éste únicamente despliega su eficacia una vez concedido. La sentencia contra ambos agentes es firme desde abril de año pasado, tras el fallo del Tribunal Supremo.

Contra este auto, cabe recurso de súplica que se presenta ante la misma sala de la Audiencia Provincial. Lo habitual en estos casos es que los escritos de las defensas de ambos policías sean desestimados al estudiarlos los mismos magistrados. Los abogados tienen un plazo improrrogable de tan solo tres días.