Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

Los presupuestos del independentismo

A pesar del crecimiento de la economía, siguen vulnerándose las mínimas condiciones vitales y hay paro, personas sin hogar, precariedad laboral y pobreza energética

Estamos en la fase final de la negociación para aprobar, en un segundo intento, los presupuestos del primer gobierno independentista de Cataluña. Una vez más, constatamos el ineludible contenido ideológico de las leyes de presupuestos, a pesar de que durante años se afirmara que no había margen para modificar ingresos y egresos de la actividad económica del gobierno catalán, y así justificar recortes en políticas sociales. Las diferencias entre la conservadora indefinición ideológica de CiU y el proyecto independentista de Junts pel Sí, entre Mas-Colell o Junqueras como máximos responsables de unos presupuestos austeros, y entre pactar los presupuestos con el PP (como hizo el gobierno de Artur Mas en varias ocasiones) o con la CUP, deberían generar unos presupuestos con una dimensión social radicalmente distinta a la de ejercicios anteriores.

Como ley ideológica, la ley de presupuestos debe ser coherente con el programa de gobierno de Junts pel Sí y, si se quiere la aprobación de los anticapitalistas, con el pacto postelectoral entre Junts pel Sí y la CUP formalizado en la Resolución 1/XI del Parlament de Catalunya de 9 de noviembre de 2015. Ambos documentos plantean dos grandes objetivos: crear una Cataluña independiente y revertir el sistema económico catalán. El programa electoral de Junts pel Sí afirmaba que “la desigualdad actual es una realidad a transformar” y destinaba un amplio apartado a presentar un nuevo modelo económico “al servicio de las personas” que incluía un cambio significativo en políticas de ocupación, programas de garantía juvenil, salario mínimo, política fiscal y financiera, política energética y de defensa contra los oligopolios. Por su parte, la Resolución del Parlament instaba al gobierno a “blindar los derechos fundamentales que puedan resultar afectados por decisiones de las instituciones españolas” y a adoptar medidas para combatir la pobreza energética, promover el acceso a una vivienda digna, garantizar una atención sanitaria universal pública y de calidad, proteger el sistema educativo catalán y asegurar la financiación de un plan de choque social.

Para cumplir con estas propuestas de reversión de los recortes y las privatizaciones de los gobiernos de Mas, es imprescindible que los presupuestos estén en sintonía con los pactos que solemnizaron las fuerzas independentistas y con las necesidades de una sociedad catalana que observa cómo, a pesar del crecimiento de la economía, siguen vulnerándose las mínimas condiciones vitales (paro, personas sin hogar, hogares sin ingresos, precariedad laboral, salarios miserables, pobreza energética, jóvenes marginados, niños por debajo del umbral de pobreza, abandono escolar, discapacitados en situaciones infames, servicios de urgencias en condiciones precarias…).

Los presupuestos públicos son un instrumento fundamental para evitar, disminuir o resolver estas situaciones de clamorosa injusticia social. Mientras Junqueras subraya que los presupuestos de 2017 son los que tienen el porcentaje más alto de gasto social de la historia, la CUP afirma que el gobierno debe ir más allá y seguirá negociando para que redistribuyan mejor la riqueza y recuperen servicios públicos básicos, el PSC advierte que no responden a las demandas aprobadas en el pleno de pobreza del Parlament, CSQP lamenta la apología a la reducción del déficit público y la sumisión al Estado y a sus poderes económicos, el presidente de la Mesa del Tercer Sector exige que actúen sobre las políticas predistributivas como la ocupación o la vivienda, y hay una iniciativa legislativa popular que exige el cumplimiento del artículo 24 del Estatuto catalán y que los presupuestos prevean una renta garantizada de ciudadanía para personas en situación de pobreza. Un cúmulo de críticas a la proyección social de los presupuestos que ahora se intenta reconducir in extremis en la negociación final de secciones presupuestarias como salud y enseñanza.

Si el gobierno incluye una partida de 5 millones de euros para el referéndum, también podría desobedecer e incumplir las imposiciones económicas del gobierno español para asegurar unos presupuestos socialmente más justos que eviten prolongar el sufrimiento cotidiano de muchas personas, como sugirió Joan Coscubiela o como indica la Resolución 1/XI del Parlament. Si lo hiciera, no solo obtendría el apoyo de la CUP y la complicidad de CSQP, sino que también podría evidenciar la República que quiere construir y ampliar el apoyo ciudadano a la celebración del “referéndum o referéndum”. Y si además la ley de presupuestos rebajara la presión fiscal a las rentas bajas y la incrementara a las altas, contaría con mayor apoyo popular, puesto que así lo demanda el 77% de los catalanes.

Jordi Matas Dalmases es Catedrático de Ciencia Política de la UB.