Unió no puede pagar su defensa en un caso de financiación irregular

Unió Democràtica de Cataluña (UDC) no puede pagar a sus abogados en un caso de financiación irregular del partido. La formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida figura como responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado, presuntamente, del desvío de fondo de su fundación afín, Catalunya i Territori. Unió, que está en concurso de acreedores, ha estado a punto de tener que recurrir a un abogado de oficio tras la renuncia de sus abogados, que finalmente, y en un acto de "buena voluntad" y para "no entorpecer el proceso", han accedido a defender el partido.

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Este viernes ha arrancado el juicio contra los responsables de la Fundación Catalunya i Territori, acusados de desviar los fondos de la entidad hacia sus empresas y, también, de beneficiar a Unió. Entre los cinco acusados están Josep Boqué, que fue presidente y también director general de Consum en la etapa de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat. La Fiscalía también se dirigía contra el exgerente de Unió, Josep Maria Núñez, que murió. Según la acusación, los responsables de la fundación eximieron al partido de pagar el alquiler de algunos de sus locales y, más tarde, los vendieron a la formación “a un precio inferior al de mercado”.

Unió Democràtica figura como responsable civil subsidiaria y, por lo tanto, precisa de defensa. Pero no tiene dinero para pagarla. El partido se encuentra en concurso de acreedores desde septiembre de 2016 y el juicio, que ha empezado este viernes, está previsto que dure más de un mes. El pasado 30 de diciembre, los abogados -del despacho Molins & Silva- presentaron su renuncia por escrito ante el tribunal. Argumentaban que la administración concursal de Unió -ejercida por la consultora Deloitte- no había “ratificado el encargo profesional” ni había cumplido “los compromisos profesionales adquiridos”. A criterio de los abogados, no existían “las condiciones mínimas y necesarias de interlocución para el correcto ejercicio del derecho de defensa”.

La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona otorgó tres días a la administradora concursal para que designara a un nuevo abogado. En un escrito al cual ha tenido acceso EL PAÍS, la administradora subraya que la renuncia se debe “al impago de honorarios de los profesionales” causada por la situación de la tesorería de Unió. La administradora reprocha a los abogados que, “lamentablemente, no han aceptado ninguna otra alternativa”, pero a la vez recuerda a los jueces que no tiene capacidad legal para designar a un nuevo abogado. Y que la falta de dinero, de hecho, “imposibilita contratar un nuevo abogado”.

Ante esta situación, la Audiencia de Barcelona decidió, el pasado 11 de enero, dirigir un escrito al Col·legi d'Advocats de Barcelona y al de procuradores “a fin de que designen profesionales del turno de oficio que se encarguen de la representación del partícipe a título lucrativo”, es decir, de Unió. Era previsible, sin embargo, que el nuevo abogado pidiera tiempo para estudiar los miles de folios que componen la causa, lo cual provocaría, a su vez, el aplazamiento de la vista oral. Para impedir más dilaciones, y después de hablar con la administradora concursal para buscar una solución, los abogados han decidido mantener la defensa del partido. Unió ya depositó casi 200.000 euros -la cantidad que se corresponde con los alquileres y la compra de los locales- para hacer frente al pago en caso de condena.

El juicio ha arrancado este viernes con las cuestiones previas, de carácter técnico. No será hasta el lunes cuando empiecen a declarar los testigos, mientras que los acusados lo harán los últimos, ya en febrero. La defensa de Unió, ejercida por el penalista Juan Segarra, ha planteado la falta de legitimidad de la Fiscalía para acusar al partido en relación a los alquileres y la venta de los locales, puesto que la entidad presuntamente perjudicada (la fundación) no reclama. El fiscal Pedro Ariche ha replicado, en cambio, que la fundación tiene una vocación de “interés general” y que, por lo tanto, tiene legitimidad.

El año 2013, Unió se convirtió en el primer partido político en España que admitió haberse financiado de forma irregular -a través de subvenciones de la Unión Europea para formación de parados- en el llamado caso Pallerols.