Colau exigirá a las eléctricas que contrate que cumplan con el convenio de pobreza energética

El Ayuntamiento de Barcelona que capitanea la alcaldesa Ada Colau introduce cláusulas sociales en la compra de energía eléctrica. El ejecutivo municipal exigirá a las compañías eléctricas que contrate que cumplan con el convenio de pobreza energética, por el que las empresas no pueden cortar la luz a las familias en situación de vulnerabilidad. Si no lo cumplen, les multará, aunque el concejal de Presidencia, Eloi Badia, no ha detallado de qué importe serán las sanciones.

"Las suministradoras deben entender el servicio como una corresponsabilidad, será de obligatorio cumplimiento que firmen el convenio" de acuerdo a la ley 24/2015 contra la pobreza energética, ha dicho Badia. También se les obligará a informar a los usuarios de cómo ahorrar energía y de las tarifas sociales y tendrá que hacer cursos para hasta 750 personas sobre "derechos energéticos y eficiencia energética".

Hasta ahora había dos lotes adjudicados los dos a Endesa. Badia ha explicado que en el nuevo contrato de suministro eléctrico, 65 millones de euros para los próximos dos años, han introducido medidas tanto de protección a la ciudadanía ante los cortes de luz como de fomento de la concurrencia de empresas que habitualmente quedan fuera de la contratación del Ayuntamiento.

En este sentido, los dos lotes habituales (el del alumbrado de las calles y los edificios municipales, 54 millones; y el de los edificios que requieren potencia superior) se han troceado en tres. El tercero es especifico para los 29 edificios que generan electricidad (como las placas solares del Fòrum). El objetivo de esta ampliación es garantizar que habrá tres operadores, porque aunque las empresas se podrán presentar a todos los lotes, solo podrán ser adjudicatarias de dos.

El concejal ha explicado que el contrato que se firme será prorrogable un año, pero que "espera" que sea el último, porque en 2019 prevé que ya funcione la operadora energética municipal.