Cuatro directivos de Ocaso niegan sobornos y culpan a la empresa externa que contrataron

Javier Zumalacárregui, subdirector general de Seguros Ocaso, ha sido el primero en declarar. El acusado ha dicho que no recordabar bien los pisos que tenían ambas viviendas y ha manifestado que la intención de la compañía era adaptar el edificio de Princesa a los estándares de seguridad para construir oficinas. Él mismo firmó el contrato. Sobre la denegación del permiso de obra para el edificio de la calle de Princesa, ha explicado que no tenía conocimiento ni de ese ni de los demás permisos que fueron denegados posteriormente. Además, ha añadido que nunca hubo planes de sobornos a Fernando Ruiz Torrejón, funcionario de urbanismo, para hacer desaparecer el expediente en el que consta la denegación. "Nunca he sabido nada de esto y me sorprende muchísimo", ha afirmado Zumalacárregui.

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A continuación, ha declarado Ramón Boticario, director de la División inmobiliaria de Seguros Ocaso. El acusado ha dicho que no sabía nada acerca de la metodología de trabajo de AC93, a la que le encargaron consolidar el uso de los inmuebles, ni tampoco de supuestos pagos a funcionarios para hacer desaparecer el expediente sobre la denegación de licencia de la calle Princesa. A Boticario se le han mostrado unos correos electrónicos de 2006 en los que le pedía a Santiago Castillo, propietario de AC93, una reunión para que le adelantara información sobre los trámites en la sede social de Ocaso en Princesa, a los que Castillo respondió con un informe en el que detallaba las incidencias. "No recuerdo un documento tan extenso y además con diferentes tipos de letra. Lo que teníamos que hacer en Princesa era llegar a un acuerdo con la única inquilina que quedaba en el cuarto piso. Hicimos lo que AC 93 nos dijo", ha manifestado.

Sobre la documentación falsa de la que dispone el Ayuntamiento, el acusado ha aclarado que AC93 era la que tramitaba todos los expedientes que se presentaban y que en Ocaso no disponían de copias porque estaban centrados en la consolidación de los inmuebles de las calles Princesa y Tutor.

Carlos Rubí, exdirector general de Ocaso, ha sido el tercero en sentarse en la silla de interrogatorios. Después de declararse inocente, ha admitido que intervino en la firma de los dos contratos sobre los inmuebles de Princesa y Tutor con AC93. Rubí también ha indicado que desde Ocaso se solicitó información al Ayuntamiento cuando estalló el caso Guateque -ya que AC93 no se la proporcionó- y ha negado que se tratara de ocultar el expediente sobre la denegación de la licencia en la calle de Princesa.

Acerca del edificio de la calle de Tutor 8 ha afirmado que el contrato que se rubricó con AC93 sobre el proyecto nunca se ejecutó y que tampoco surgió la conversación con Castillo sobre una posible simulación de licencias antiguas de viviendas cono licencias de oficinas. "Con Castillo he hablado una vez en mi vida", ha concluido tajante.

Tras un breve receso, le ha tocado el turno de declaración a José Manuel Pérez Moreno, coordinador de Servicios Generales e Inmuebles de Ocaso. El acusado ha indicado que la firma de uno de los contratos de los inmuebles fue anterior a su incorporación a la empresa y que del otro sí que estaba enterado porque debía informar al director general -pero negó su participación en él-. Además, Pérez Moreno ha añadido que mantuvo dos reuniones con responsables de AC93. Una con Carlos Rubí y otra con los jefes de área de la división de inmuebles y Santiago Castillo. “'Necesitábamos saber cómo iban los trabajos porque estábamos preocupados ya que era una obra muy grande', ha admitido.

La próxima sesión del juicio –que durará hasta mayo- está prevista para el próximo miércoles 18 de enero. En ella declararán Victoriano Ceballos, exdirector de la División de Impacto Ambiental y presunto cerebro de la trama, y Antonio Sanz Escribano.