La juez abre el juicio oral de la ‘operación Guateque’
El auto, contra el que no cabe recurso, declara también la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Madrid
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire Pérez, ha abierto este martes el juicio oral de la llamada operación Guateque, que investiga una trama de corrupción en la concesión de licencias municipales. Hay 34 personas acusadas: los delitos que supuestamente cometieron incluyen, entre otros, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La decisión de la jueza llega más de ocho años después de que se llevasen a cabo las primeras pesquisas.
El auto, contra el cual no cabe recurso, acuerda también diversas medidas cautelares. Entre ellas, destacan la decisión de mantener la libertad provisional de los imputados y el requerimiento de que presten las fianzas correspondientes en las 24 horas siguientes a su notificación.
Carmelo García Sánchez, que fue funcionario adscrito a la Gerencia de Urbanismo, y el intermediario Santiago Castillo Morales, ambos considerados entre los principales responsables de la trama, deberán ingresar la cifra más alta: 764.600 euros.
La resolución, que establece que el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial, declara además la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid que, por ello, deberá depositar en el mismo plazo 28.000 euros en la cuenta bancaria asignada al juzgado.
La lista de los delitos que se atribuyen a los acusados es extensa. Se trata de prevaricación administrativa, urbanística y medioambiental, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, delitos contra el patrimonio histórico y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Técnicos y funcionarios
La Operación Guateque destapó en 2007 una red de corrupción dentro del Ayuntamiento de Madrid. El 14 de noviembre fueron detenidos 16 funcionarios municipales por cobrar hasta 18.000 euros a cambio de agilizar licencias de locales. Un año más tarde, el número de imputados ascendía a 80.
Según los investigadores, Carmelo García y Santiago Castillo captaban a los empresarios que querían abrir un negocio en Madrid y les pedían dinero a cambio de intermediar ante determinados funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Su gestión permitía agilizar esos trámites y en 19 casos hasta contribuyó a que se tomase una decisión favorable.
En la trama, supuestamente encabezada por Victoriano Ceballos, exjefe del Área municipal de Impacto y Análisis Ambiental al que la jueza Freire acusa de 14 delitos, jugaban un papel clave también dos técnicos de la sección de licencias de la Junta de Distrito de Centro, Manuel Álvarez y Fernando Zornoza, dos funcionarios del área de Disciplina Urbanística, Mario Mínguez y Fernando Ruiz, y otro de la Concejalía de Urbanismo, José Antonio Jodar. Todos figuran en la lista de acusados contenida en el auto hecho publico este martes.
La complejidad de la trama hizo que Santiago Torres, el juez que instruyó el caso en 2007, tardase cinco años en concluir su investigación. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial valoró que Torres dilató indebidamente la instrucción del caso —en el que hubo hasta 118 imputados—, y en septiembre de 2012 le impuso una sanción de 1.000 euros. El juez reaccionó con un escrito de alegaciones ante el consejo, en el que aseveraba que algunos imputados trataron de “hundirle y apartarle” de la investigación “a través de múltiples mecanismos”.
