El desdoblamiento del ‘caso Taula’ preocupa a los investigadores

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Los tres testigos citados este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se han reafirmado en que en las semanas previas a las elecciones municipales de 2015 se llevó a cabo una operación de blanqueo de capitales en grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, liderado entonces por Rita Barberá, en la que fueron presionados para participar, según han confirmado fuentes conocedoras de sus declaraciones.

El TSJ ha realizado una repetición de los interrogatorios que ya se han celebrado en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que dirige el magistrado Víctor Gómez, instructor del caso Taula. El motivo es que uno de los investigados, Miguel Domínguez, exconcejal de Seguridad de Barberá, es diputado autonómico, y por tanto aforado ante el Tribunal Superior. Fuentes de la investigación expresan su preocupación por el desdoblamiento de la causa en dos instrucciones separadas. Tanto por el avance dispar que tendrán como por la posibilidad de que haya pronunciamientos contradictorios.

De un lado, señalan las fuentes, la causa que ha empezado a instruir la magistrada del TSJ Pía Calderón está incompleta: el Juzgado de Instrucción 18 le envió el sumario hace meses, y desde entonces la investigación ha seguido avanzando.

Las pesquisas empezaron por el blanqueo, se ampliaron a la posible financiación irregular de campañas de Barberá mediante inyecciones económicas de origen desconocido y han tomado fuerza con la apertura de una línea de investigación secreta sobre la aportación de grandes empresas concesionarias a las campañas de la exalcaldesa, fallecida en noviembre en Madrid.

Aunque Domínguez esté formalmente acusado de blanqueo, la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 18 está viva. Y en ella se investiga por el conjunto de los supuestos delitos cometidos al conjunto del grupo municipal, especialmente a aquellos que pasaron muchas legislaturas al lado de Barberá, algo que hizo Domínguez.

Existe también la posibilidad de que la causa contra Domínguez en el TSJ acabe archivándose mientras el Juzgado de Instrucción 18 dicte apertura de juicio contra el resto de imputados. Un escenario que se presentó incluso más complejo cuando Barberá, al ser senadora, fue imputada por un tercer tribunal, el Supremo. La causa contra ella se extinguió con su muerte.

Este miércoles, en la primera jornada de instrucción en el TSJ tres exasesores del grupo municipal del PP, Arantxa Martín, Jesús Diego y Nuria Diego han repetido que se les instó a participar en una operación de blanqueo de capitales que presuntamente tuvo como objetivo introducir en el circuito legal dinero negro que el partido había acumulado mediante el cobro de comisiones ilegales.

Concejales y empleados habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta del PP y habrían recibido el dinero en paralelo en dos billetes de 500 euros.

Domínguez ha afirmado que ingresó los 1.000 euros en la cuenta del PP de Valencia "dada la difícil situación por la que que atravesaba el PP en aquellos momentos", pero que el dinero no le fue reembolsado.

El exconcejal no se presentó a las elecciones locales en aquellos comicios, sino a las autonómicas por la lista del PP en la circunscripción de Valencia. Cuando el juez Gómez pidió al TSJ que lo imputara, Domínguez abandonó el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas y se integró en el de no adscritos, en el que continúa.