Cuando falla la confianza

Desde la Transición, el PSOE y el PSC son dos partidos independientes y separados. Pero, si bien jurídicamente esto es exacto, a partir de esta época los une un protocolo que establece, entre otros, dos acuerdos fundamentales. Primero, desde un punto de vista electoral, el PSOE no presentará candidaturas propias en las cuatro circunscripciones catalanas y dejará que este hueco lo cubra el PSC, el cual elaborará libremente sus listas de candidatos. Segundo, desde un punto de vista orgánico, el PSC estará representado en los órganos de dirección del PSOE pero no a la inversa, es decir, el PSOE no estará representado en los órganos de gobierno del PSC.

Esta relación, sin duda asimétrica, en beneficio del PSC, funcionó aceptablemente bien mientras duró la confianza mutua. Esta empezó a flaquear hace unos quince años y ahora está bajo mínimos tras la desobediencia de todos los diputados catalanes al acuerdo del Comité Federal del PSOE según el cual debían abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

Esta relación es asimétrica por un doble motivo. Primero, porque el PSOE cede una circunscripción tan importante como Barcelona cuando en este territorio se vota más a los dirigentes nacionales socialistas que a los socialistas catalanes. La prueba ha estado en la diferencia de resultados entre las generales y las autonómicas: en las primeras siempre arrasaba el PSOE; en las segundas, siempre perdía el PSC. La causa estaba en que un importante tanto por ciento del voto socialista en las generales se abstenía en las autonómicas. Gráficamente: se votaba a Felipe González o a Rodríguez Zapatero en las generales y no a los candidatos autonómicos que presentaban los socialistas catalanes. Si bien el voto socialista en Cataluña tenía un importante componente catalán, la influencia del socialismo español era decisiva. Los diputados del PSC en Madrid eran muy numerosos por este motivo.

Segundo, porque la cuestión orgánica daba claras, e incomprensibles, ventajas al PSC, al poder los miembros de éste formar parte de los órganos de dirección del PSOE mientras que los de este último nada podían opinar sobre las decisiones del PSC. Las normas que figuran en los acuerdos siempre sirven en los casos de conflicto, no en los de avenencia. Hubo disensiones en los primeros tiempos, sin duda, el ejemplo más claro fue el de las enmiendas de los diputados socialistas catalanes a la LOAPA que, deliberadamente, no llegaron a tiempo de ser presentadas en el Congreso debido a una maniobra de Ernest Lluch, su portavoz en el Congreso. Poco después el reglamento del Congreso, aún vigente, no permitió al PSC formar grupo parlamentario propio y Lluch fue apartado de responsabilidades en el PSC. Pero después de este incidente, las relaciones transcurrieron bastante plácidamente hasta la reforma del Estatut en el período 2000-2010, desde sus remotos comienzos a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ha sido en este período donde empezaron las desconfianzas mutuas, primero de Zapatero hacia Maragall y Montilla por la cuestión del Estatuto, después con las ambigüedades ante el proceso independentista debido a la cuestión del derecho a decidir y, finalmente, con el apoyo desmesurado de Iceta a Pedro Sánchez y la desobediencia en bloque de la decisión del Comité Federal del PSOE antes mencionada. La deslealtad del PSC hacia el PSOE ha sido manifiesta en todos esos casos y es natural que se haya llegado al conflictivo punto en que estamos.

Sin embargo, ni a unos ni a otros les interesa romper las relaciones, ambos saldrían perdiendo, más aún cuando los dos están muy debilitados. Lo más probable, por tanto, es que lleguen a un arreglo. Pero también parece inevitable que estas relaciones cambien, que se revise el viejo protocolo de colaboración. El aspecto a cambiar será, seguramente, la asimetría en las relaciones orgánicas, en la que ahora para uno todo son ventajas y para el otro, todo inconvenientes.

Quizás, más que independientes, ambos partidos deberían ser autónomos, con las competencias claramente repartidas. Se debería definir cuáles son competencias desde el punto de vista de Estado, de cuya titularidad dispondría el PSOE, y a las que debe someterse el PSC, y cuáles son las autonómicas que quedan dentro del ámbito de este último. Este sería un modelo federal, una forma de que el PSOE esté presente en Cataluña. Aunque, como en todo estado de este tipo, si falta lealtad mutua, el resto sobra y falla todo. Ahí está el reto; deben resolverlo.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional