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BALANCE DEL GOBIERNO MADRILEÑO / Transportes, Vivienda e Infraestructuras

El metro ligero cuesta más de 100 millones al año a las arcas públicas

La oposición celebra el abono social y la consejería defiende el cumplimiento de sus compromisos

Metro Ligero a su paso por Boadilla del Monte el pasado viernes.
Metro Ligero a su paso por Boadilla del Monte el pasado viernes.

Lo mejor que, según la oposición, deja 2016 en el ámbito del transporte en la región es un acuerdo en la Asamblea de Madrid para poner en marcha el año próximo un abono social que permitirá desplazarse a las personas con menos recursos. Lo peor es el agujero de las concesiones de metro ligero, que en 2015 costaron a las arcas públicas 105 millones de euros. La consejería del ramo asegura que los compromisos presupuestarios se han cumplido, por lo que su balance es positivo.

El transporte público de la Comunidad de Madrid está fuertemente subvencionado, pues los viajeros solo cubren con el pago de sus billetes entre el 40% y el 58% de “las necesidades de explotación de las operadoras”. Sin embargo, en el caso del Tranvía de Parla, ese porcentaje fue en 2015 del 22% y en el de los metros ligeros —las líneas ML1 (Las Tablas), ML2 (Pozuelo de Alarcón) y ML3 (Boadilla del Monte)— del 4%, pues las empresas concesionarias de estos últimos tuvieron unos ingresos de recaudación de 4,5 millones y una compensación pública de 105 millones, según los datos del Consorcio Regional de Transportes. En 2016, le cifra de compensación será previsiblemente superior.

Este año se volvieron a congelar tarifas, la demanda de viajeros siguió recuperándose (crecerá en torno a un 2,5%), se remozó la Línea 1 de Metro y arrancó un plan de accesibilidad que instalará 80 ascensores hasta 2018. Pero el metro ligero sigue siendo el “gran agujero” del transporte público madrileño, que apenas da margen para hacer nuevas políticas, según los diputados de la oposición Daniel Viondi (PSOE) y Laura Díaz (Podemos). El sistema de concesión, en el que una empresa privada construye la infraestructura y luego la explota, asegurándose unos ingresos suficientes para compensar su inversión, recuerda, según Díaz y Viondi, al de las quebradas carreteras radiales de peaje, que pueden costar al Estados varios miles de millones de euros.

El exdirector del Consorcio, Juan Ignacio Merino, explicó el pasado febrero en la Asamblea que la mayor parte de esa tarifa de compensación, en torno al 76%, cubre la inversión inicial en construcción; cosa que no ocurre con otros transportes pagados desde el principio con dinero público. Sin embargo, si se descuenta esa parte, la subvención pública sigue cubriendo más del 80% de esas "necesidades de explotación de las concesionarias". Además, el propio PP ha admitido que los metros ligeros tienen “pocos viajeros” (unos 15 millones en 2016), pero que, una vez construidos, no hay más remedio que gestionarlos, aunque sea conveniente renegociar los acuerdos con las concesionarias.

Este era precisamente un compromiso de la Consejería de Transportes plasmado en los Presupuestos de 2016, pero, al menos por ahora, no ha fructificado. “Se está trabajando en las condiciones de explotación [...] con el objetivo de mejorar las condiciones favorables para la Administración, así como inversiones por parte de las explotadoras que redunden en la mejora del servicio”, contesta un portavoz de la consejería. Y añade su balance general de 2016: “Es positivo por nuestra parte, porque hemos cumplido con todas las iniciativas contempladas en los presupuestos y las que no se hayan completado al 100% están en avanzada fase de ejecución”.

Nuevos enlaces

Lo cierto es que buena parte de las nuevas construcciones viarias que se mencionaban en las cuentas de 2016, aunque están ya licitadas y preparadas, no se han empezado, como los enlaces entre la M-503 y M-500; de la M-607 con la M-616 o del acceso desde la M-506 al barrio del Hospital y al Polígono El Tempranar de Fuenlabrada. La demora de algunos proyectos, asegura la consejería, se debe a enmiendas de la oposición que obligaron a readaptar algunas partidas.

En todo caso, “son proyectos menores, muy pequeños; no hay una estrategia de legislatura”, se queja Viondi, una protesta que extiende al otra gran área que cubre la consejería, la vivienda, sobre todo en lo que se refiere a la social. En este ámbito, las acciones más concretas que contemplan las cuentas de 2016 son la gestión de los planes estatales de rehabilitación y fomento del alquiler. Para este último se están repartiendo ahora mismo las ayudas de 2.400 euros que aún no se sabe a cuánta gente llegarán; el presupuesto es de 17 millones.

Asimismo, sigue ejecutándose el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de Las Sabinas, junto al río Guadarrama a su paso por Móstoles y Arroyomolinos: "Se ha lanzado una oferta para la adquisición de un primer paquete de 60 viviendas para proceder a la integración social de las primeras familias", dice el Gobierno.

Desde Ciudadanos, el diputado Juan Rubio destaca las aportaciones de su partido para sacar adelante el plan de mantenimiento de infraestructuras — "Nos preocupa especialmente el mantenimiento de nuestro patrimonio", dice—, dentro del plan de movilidad sostenible de la Comunidad que busca "rediseñar todo el transporte de la Comunidad y dotarnos de un sistema eficiente multimodal que base su oferta y crecimiento en el nivel y calidad de servicio", añade. Pero, aunque estas iniciativas se estén diseñando, su puesta en marcha es a futuro.

Lo mismo ocurre con el gran avance de 2016 que destaca la oposición: el abono social. De momento, los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos han acordado introducir una enmienda en los presupuestos del 2017 —que no llegarán hasta febrero o marzo, según ha admitido el Gobierno de Cristina Cifuentes— para que tengan transporte gratuito las alrededor de 30.000 personas que reciben la Renta Mínima de Inserción. Su posible ampliación a todas las personas con pocos recursos y desempleadas (que podrían rondar las 700.000) deberá esperar a futuras negociaciones entre los tres grupos de la oposición, que suman 81 de los 129 diputados de la Cámara regional.

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