Cataluña recupera la ley contra los desahucios que anuló el Constitucional
El Ayuntamiento de Barcelona y entidades como la PAH creen que el texto es insuficiente
El Parlamento catalán ha aprobado este jueves la nueva ley contra los desahucios, tramitada en tiempo récord, que pretende recuperar la que suspendió el Tribunal Constitucional en mayo pasado. El Constitucional suspendió tres artículos clave de la célebre Ley 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de las entidades que luchan contra la pobreza y la emergencia habitacional. Las entidades impulsoras de la ILP, como la PAH, o el Ayuntamiento de Barcelona han tachado la ley de "insuficiente".
El texto recupera cuestiones como la mediación forzosa de los propietarios con las familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler; o la expropiación de pisos vacíos de la banca (solo los que las entidades incluyen voluntariamente en un listado). El texto suspendido hablaba de cesión obligatoria y las familias desahuciadas podían quedarse en el piso en el que vivían. La nueva ley también fija que las entidades que tienen pisos en el registro están obligados a ofrecer alquileres sociales. Además, menciona el concepto "alquiler abusivo" y se compromete a regular los arrendamientos en otra ley dentro de nueve meses. El texto también se refiere a la ocupación de pisos públicos y habla de un futuro reglamento para gestionar estas situaciones.
La ley ha sido aprobada con un notable consenso. Se ha aprobado por unanimidad el dictamen de la ponencia que la redactó. Pero el consenso total se ha roto en la votación de las enmiendas e incluso de algunos artículos, que en algunos casos se han votado por puntos, con el desacuerdo de Ciutadans, PP o la CUP. La Ley tiene tantos artículos como disposiciones adicionales, otro síntoma de las discrepancias en los matices.
Respuesta a la suspensión
Cuando el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno del PP, suspende una ley pensada para atender a las personas más afectadas por la crisis, no vale solo con condenarlo, hace falta moverse con rapidez para tener una solución alternativa que sea sólida y consensuada. Esto es lo que desde el Gobierno hemos conseguido con esta nueva ley, fruto del trabajo conjunto con el mundo local y el Consejo de la Abogacía Catalana. Esta ley es positiva porque prioriza la mediación entre bancos y familias para resolver el sobreendeudamiento. Es positiva porque prevé mecanismos para reducir los pisos vacíos, incluyendo la expropiación temporal de la vivienda. Es positiva porque establece que es necesario realojar a las familias en situación de exclusión residencial, o expropiar el uso del piso en caso de desahucio de familias que no tienen ninguna otra opción residencial, ofreciéndoles el alquiler social de la vivienda afectada. Es positiva porque da una clara respuesta, contundente y de consenso, a la suspensión político-judicial de una ley aprobada por la unanimidad del Parlamento de Cataluña para atender a las personas a quien la crisis afecta en aquello más esencial, que es el derecho a una vivienda digna y asequible.
La entidad que día a día lidia contra los desahucios, la PAH, ha criticado una ley que asegura que deja fuera el 90% de las familias amenazadas con quedarse en la calle. Otra de las críticas al texto ha llegado del Ayuntamiento de Barcelona. Tanto la alcaldesa Ada Colau como la teniente de alcalde de derechos socials, Laia Ortiz, han reprochado dos cuestiones: los insuficientes fondos, en su opinión, que el presupuesto de la Generalitat destina a la vivienda; y que una ley que en teoría debería resolver la emergencia habitacional, no aborde el drama de las subidas del precio del alquiler. En Barcelona el 90% de los desahucios son por impago de alquiler.
El abandono del espíritu de la ILP
El gran valor de la Ley 24/2015 es que cambia el paradigma existente: los grandes propietarios han de asumir la responsabilidad de hacer negocio con un derecho básico. No pueden desahuciar sin hacer alquiler social, han de liberar de la deuda a las familias y ceder los pisos vacíos a la administración. Con la nueva ley, el Gobierno abandona este paradigma y acaba sufragando con recursos públicos lo que tendrían que asumir los grandes propietarios. La cancelación de la deuda queda en manos de la buena voluntad de la banca, como si existiese. Los mecanismos para movilizar la vivienda vacía o la obligación de realojamiento queda limitada a unos pocos grandes poseedores que han registrado voluntariamente algunos centenares de viviendas en el Registro de pisos vacíos; éstos se pagarán expropiando el uso con recursos públicos a un precio un poco por debajo del de mercado.
Con un 1% de parque público y unos presupuestos que destinan solo un 0,02% del PIB a inversión en políticas de vivienda (3% UE), no tiene ningún sentido que la nueva ley limite solo a tres años el mecanismo para evitar desahucios. En definitiva, una ley que plantea mecanismos voluntarios, caros y farragosos; que nos hacen vaticinar un fracaso para de solucionar el problema de la vivienda.
El portavoz de la PAH y del grupo promotor de la ILP, Carlos Macías, ha recordado --como también lo han hecho en el hemiciclo los grupos de Catalunya Sí que Es Pot y la CUP--, que durante los meses en que estuvo en vigor la ley 24/2015 libró a centenares de familias de ser desahuciadas, evitó desahucios y obligó a la banca a realojar. "La 24/2015 supuso un cambio de paradigma, dejaba atrás la transferencia de recursos públicos a la banca y proporcionaba herramientas que no permitían que las entidades pudieran hacer negocio con un derecho básico como la vivienda sin asumir sus costes, y este cambio no figura en la nueva ley", ha lamentado Macías.
Macías ha criticado que los mecanismos para atender a las personas en riesgo de perder su vivienda son "de carácter voluntario, lentos y caros". "La segunda oportunidad, la posibilidad de librar a la familia de la deuda, queda en manos de la buena voluntad de la banca y la obligación de realojo ya no la tienen los grandes tenedores sino que se reduce a los pisos del registro de pisos vacíos que la banca registra voluntariamente", ha lamentado. También ha criticado que se trate de medidas no indefinidas, como preveía la ley suspendida, sino por tres años ampliables a cinco.
La nueva ley contempla que los bancos tengan la obligación de realojar a las familias desahuciadas y fija un sistema transitorio para que, por un período de tres años ampliables a otros tres, las entidades financieras ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que estén a punto de ser desahuciadas. El texto no contempla, como hacía el anterior, la obligación de que las entidades ofrezcan el alquiler social de forma indefinida.
El Gobierno catalán asegura que esta vez la ley está blindada jurídicamente y no podrá ser impugnada. El texto crea una Comisión de Vivienda para coordinar las actuaciones de las administraciones en casos de sobreendeudamiento. También amplía de 72 a 234 el listado de municipios definidos como Áreas de Demanda Residencial Fuerte y Acreditada, donde puede llevarse a cabo la expropiación temporal de los pisos vacíos de las entidades.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
