Juzgan al alcalde de Sueras por prevaricación medioambiental

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La Audiencia Provincial de Castellón ha sentado hoy en el banquillo de los acusados a José Pascual Martí, alcalde socialista de Sueras, una población de apenas 600 habitantes, para quien el fiscal pide tres años de prisión por un presunto delito de prevaricación medioambiental por conceder a un constructor local licencia para edificar una vivienda en suelo no urbanizable en el parque natural de la Serra d’Espadà.

En la primera sesión del juicio, que seguirá el próximo viernes, el primer edil ha defendido que el Consistorio autorizó la obra porque existía un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y ha añadido que la Administración autonómica no advirtió que se estuviera cometiendo “deficiencia alguna”.

Junto al primer edil han declarado como acusados por el mismo delito cuatro exconcejales, el exteniente de alcalde, la que fuera secretaria municipal en el momento de los hechos (2008-2010) y el arquitecto del Ayuntamiento que informó favorablemente del proyecto básico de construcción, “porque aparentemente cumplía los requisitos”, según ha relatado.

Para cada uno de ellos el ministerio público pide tres años de cárcel, la misma pena que para el noveno imputado en este proceso: el constructor que pidió licencia para edificar una casa que, según ha expresado hoy, quería vincular a uso agrícola y convertir en primera vivienda para él y su familia. A él se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio. Hoy se ha defendido de las acusaciones: “Siempre he obrado de buena fe”. “Presenté absolutamente todo lo que me iba pidiendo el Ayuntamiento”, ha dicho.

Los hechos se remontan, según recoge el escrito de conclusiones provisionales, al 21 de abril de 2008, cuando el constructor, vecino de Sueras, pidió licencia al ayuntamiento para construir una vivienda unifamiliar en unas parcelas de su propiedad ubicadas en suelo no urbanizable común e incluidas en el citado parque natural. Para ello aportó un proyecto básico por parte de la mercantil –ya extinguida- de la que él era administrador único. Meses después, en julio de ese mismo año, el arquitecto municipal, “sin disponer de los informes previos preceptivos” y “de manera escueta e infundada” informó favorablemente a tal petición.

El fiscal añade que el 30 de enero de 2009, "de manera totalmente arbitraria", el pleno del Ayuntamiento integrado por el alcalde y los cinco exconcejales acusados, acordó por unanimidad conceder la licencia de obras. Una licencia que quedaba condicionada a la obtención de los informes favorables de la Generalitat y a que antes de iniciarse las obras se presentara el correspondiente proyecto de ejecución. En julio se daba luz verde al proyecto por parte del servicio territorial de Urbanismo, pero la autorización quedaba ligada a dos requisitos, como ha recordado la secretaria municipal durante su declaración: que la vivienda fuera la propia de un “agricultor profesional”, ligada por tanto a “prácticas agrarias y forestales”, y que no se tratara nunca de una segunda residencia.

Un segundo pleno celebrado en 2010 materializaba la concesión de la licencia de obras al constructor. El primer edil de Sueras ha defendido que la obra que autorizó el ayuntamiento contaba con el informe favorable del arquitecto municipal y el “vinculante y favorable con condiciones” emitido por la Consejería de Medio Ambiente y que fue solicitado al encontrarse la edificación en suelo no urbanizable de este parque natural.

“¿Se habían cumplido entonces los requisitos exigidos por la consejería?”, ha preguntado el fiscal al alcalde, quien ha reconocido, al igual que han repetido durante la sesión el resto de concejales y la propia secretaria municipal, que el consistorio, al tratarse de un pueblo pequeño, carecía “de medios y de personal” para “vigilar si se estaban cumpliendo o no los requisitos”.

El alcalde de Sueras ha añadido al respecto que “en ningún caso la consejería dijo que hubiéramos hecho algo deficiente” y que jamás recibieron sanción administrativa alguna.

“En cuanto tuvimos indicios de que se estaba haciendo más obra (de la autorizada) es cuando se paraliza”, ha apuntado el primer edil. Ha recordado que en una población como Sueras no se tramitan al año más de dos licencias de obras, salvo las “siete u ocho” que se concedían antes de la crisis, y que el plazo medio para autorizar un proyecto de este tipo es de “entre dos y tres meses”. En el caso que ha llevado a toda una excorporación municipal de Sueras ante el juez, el periodo de tramitación fue de casi dos años, según ha reseñado el primer edil: “Desde abril de 2008 hasta enero de 2010; tardamos tanto porque se pidieron todos los informes previos”, ha incidido el alcalde.

La edificación fue denunciada en abril de 2010 por los agentes del Seprona de la Guardia Civil tras descubrir “además” que la misma excedía los límites de volumen y superficie contemplados en la licencia, recoge el escrito de acusación. Así lo ha ratificado también en la primera sesión del juicio el cabo de la Guardia Civil que ha prestado declaración como testigo: “No coincidía con el proyecto básico”. También ha cuestionado que la edificación, paralizada pero todavía en pie, tuviera la finalidad agrícola que ha defendido su dueño: “No observé ningún tipo de intencionalidad de que fuera sólo una casa para agricultores”.