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La oposición arremete contra la ley de medidas fiscales de los Presupuestos

La norma de acompañamiento de las cuentas supera el primer trámite gracias a los votos de dos diputados de la CUP

Oriol Junqueras, durante su intervención en la sesión de debate.
Oriol Junqueras, durante su intervención en la sesión de debate. EFE

Los grupos de la oposición han arremetido este miércoles contra la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que se ha aprobado esta tarde en el Parlament.  La CUP ha repetido el esquema de votación del proyecto de Presupuestos y dos de sus diputados han votado junto a la mayoría de Junts pel Sí. Los otros ocho parlamentarios anticapitalistas se han abstenido. Las enmiendas de la oposición han sido rechazadas por 61 votos a favor; 64 en contra y las ocho citadas abstenciones.

El vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, ha defendido que el proyecto aspira a mantener el crecimiento de la economía y a repartir equitativamente la riqueza y ha recriminado a la oposición que haya votado como un bloque pese a sostener planteamientos distintos. Los partidos de izquierda (PSC y CSQP) han acusado al Ejecutivo de no aumentar la presión fiscal a las clases más altas  mientras que el Partido Popular ha afeado al Gobierno que sea el "primero de la clase" en aprobar impuestos. Ciudadanos, líder de la oposición, ha advertido que muchas de las tasas pueden ser tumbadas por el Tribunal Constitucional y la Unión Europea. La CUP ha admitido que el texto recoge sugerencias suyas pero el diputado Benet Salellas ha subrayado que no están satisfechos porque se someten al marco autonómico y siguen protegiendo "a los privilegiados del 4%”. "No asume el momento político que vive el país y son excesivamente continuistas”, ha reprochado al Gobierno. “O redistribución o redistribución”, ha exigido Salellas.

Toda la oposición, salvo la CUP, ha criticado la tramitación de dos nuevos tributos: el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción y emisión de elementos radiotóxicos y el de bebidas azucaradas envasadas. Además, se han aprobado las modificaciones de los impuestos sobre los grandes establecimientos comerciales y sobre las esestablecimientos turísticos. Junqueras ha defendido que la norma, de 194 artículos, aspira a incrementar la capacidad de gasto del gobierno y hacer un “un sistema fiscal más justo y progresivo”. El principal problema, según Junqueras, es el fraude fiscal y el entramado de deducciones fiscales fuera del alcance de la Generalitat sólo tiene un margen de actuación sobre el 10% de ellas.

Ciudadanos ha presentado una enmienda a la totalidad por la posibilidad de que surjan “nuevos problemas constitucionales”. “Algunos de estos tributos no se van a poder recaudar por la suspensión del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa”, ha augurado el diputado Antonio Espinosa. Por ejemplo, se ha referido al impuesto sobre el riesgo medioambiental recogido en la nueva ley de acompañamiento como el “antiguo impuesto sobre las nucleares suspendido por el Tribunal Constitucional”.

Desde las filas socialistas, representadas por el diputado Rafael Bruguera, se ha criticado que el Gobierno no haya utilizado “ni de lejos” el margen de maniobra que tiene. “Se desaprovecha la ocasión para abordar la necesaria reforma fiscal que haga pagar más a quien más tiene”, ha recriminado a Junqueras. Bruguera se ha mostrado alarmado por el carácter de esta ley que “va mucho más allá de una ley de acompañamiento”, ya que modifica muchas normas de forma “enmascarada”.

El popular Santi Rodríguez ha recriminado al Ejecutivo que intente ser el “primero de la clase” fijando impuestos y ha afeado a Junqueras que pida esfuerzos a los ciudadanos cuando prevé gastar 120 millones “en el espíritu nacional”. Y ha puesto como ejemplo la tasa a las bebidas azucaradas: dijo que el gravamen no tendrá ningún efecto disuasorio en su consumo porque para que eso ocurra debe de fijarse un impuesto por encima del 20%.

Catalunya Sí Que Es Pot ha hecho hincapié en la necesidad de hacer una reforma fiscal a fondo. La diputada Marta Ribas ha reprochado que el Gobierno no haya contactado con los grupos parlamentarios ni con los colectivos afectados por el texto. “No están llevando a cabo una política redistributiva valiente”, ha criticado Ribas. La diputada ha recordado a Junqueras que un 77% de los catalanes quieren que se suban los impuestos a los más ricos y le ha criticado que no haya hablado “ni una vez de la renta mínima garantida”. CSQP ha acusado a ERC de llevar a cabo "políticas neoliberales más cercanas a CDC que a un partido de izquierdas".