Los adultos tutelados por la Comunidad se han duplicado en la última década

A Loli le gusta su trabajo de limpiadora a media jornada, aunque ríe con entusiasmo cuando alguien le pregunta si le pagan bien. Lo cuenta en el Centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual de Ciudad Lineal, donde lleva viviendo casi la mitad de su vida (tiene 44 años). Es una de las ocho residentes tuteladas por la Comunidad. Como las demás (hay 40 discapacitadas en esta residencia pública), ellas participan en los talleres (a los que asisten durante el día muchos externos) y los fines de semana van al cine o al teatro. Para pagar esas actividades, y cualquier otro imprevisto, que en el resto de casos abonan las familias, el AMTA pasa al centro 100 euros mensuales del dinero de cada tutelada. “Luego hay que justificar cada gasto, claro. Procuramos ir dejando remanente para que en verano puedan pagar el viaje de vacaciones”, explica Isabel López, directora del centro.

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El AMTA tiene distintos grados de responsabilidad sobre 4.805 adultos, según sus datos más recientes. La tutela total o cuidado parcial (llamada curatela) lo ejerce sobre 3.000 (para el resto son defensores judiciales); el 70% están en centros (la mayoría públicos, pero también privados) y el resto en domicilios. El 53,7% tiene más de 60 años. Se trata de personas que han sido declaradas incapaces de gobernarse a sí mismas por discapacidad (29%), por deterioro cognitivo (32%) o por enfermedad mental (39%), muchas veces vinculada al consumo de drogas. Y, como no tienen familia o el juez considera que esta no es la más adecuada para cuidarle, se ha encargado su cuidado al AMTA (hay fundaciones privadas tutelares, pero atienden a una parte muy pequeña de los casos).

Esta agencia pública madrileña, creada en 1995, tiene la obligación legal de velar por las personas a su cargo y administrar sus bienes, entre otros, 5,8 millones de euros en herencias y 2.760 inmuebles, entre pisos, chalés, locales, plazas de garajes..., según su memoria de actividades de 2015. Los tutelados no suelen ser ricos (el 53% tiene una renta anual entre 5.000 y 10.000 y otro 29% entre 10.000 y 20.000), pero es la gestión de sus bienes uno de los puntos críticos de la gestión. Sobre todo, después de escándalos como el de Afal, una fundación que presuntamente se quededaba con dinero de los incapacitados.

Las críticas al AMTA se han referido fundamentalmente en estos años a la falta de transparencia. En 2014, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid señaló importantes retrasos en la presentación en los juzgados de los inventarios patrimoniales de los tutelados (que tienen que estar listos, como tarde, dos meses después de que la agencia se haga cargo de ellos) y las rendiciones de cuenta anuales de la gestión de su patrimonio.

La directora de la agencia, Carolina García Durrif, admite que llegaron a estar “desbordados” por ese aumento tremendo que ha duplicado el número de tutelados desde 2007 y al que no sabría dar una explicación clara: “Tal vez es porque los jueces saben que existimos y cómo funcionamos y nos utilizan más”, aventura. Ahora, tras dos años de tranquilidad, las cifras están volviendo ahora a repuntar. En todo caso, asegura que la entidad ya está preparada y que tanto los inventarios como las rendiciones de cuentas se están entregando en tiempo y forma.

“Que existe desconfianza entre algunos familiares es innegable”, dijo el jueves en la Asamblea de Madrid el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero al presentar su proposición de ley para actualizar la norma que rige el AMTA, pero “se trata de una garantía también para la propia agencia”, añadió. La norma, cuya toma en consideración fue aprobada con los votos de Ciudadanos, PSOE y Podemos, obligaría, entre otras cosas, a hacer auditorias externas a todas las cuentas de los tutelados y publicar obligatoriamente memorias anuales en las que consten las quejas de usuarios.

Estas suelen ser darte por falta de información o de atención continua, explica Pilar Palao, presidenta de la Asociación Española por la Dignidad y los Derechos de los Adultos Tutelados. Hoy hay más empleados que hace dos años: 18 trabajadores sociales para 839 tutelados que viven en domicilios, albergues o pensiones; y siete para los otros 1.200 que están en centros, a los que en 2017 se unirán cinco más; además se contratrán ocho educadores sociales, pero para la asociación sigue siendo claramente insuficiente para evitar casos de desatención que, aseguran, llevan años documentando. "Queremos que se ponga en marcha  un teléfono de atención con un trabajador social, un abogado y un psicólogo de guardia”, dice Palao y añade: “Nuestra asociación defiende como principio que el tutor debe ser una extensión y un apoyo al Tutelado, nunca su sustituto”, termina.

García Durrif admite que las relaciones con las familias —a las que un juez ha quitado la postestad de su allegado— no son fáciles: “Somos un elemento negativo para el familiar”. Pero asegura que trata de mejorar esa relación, por ejemplo, con un diálogo directo con la asociación, cuyos responsables, aunque insisten en las carencias, aprecian las mejoras. En cuanto a las auditorías externas, principal escollo por el que el PP, que no las considera necesarias, votó contra de la ley que propone Ciudadanos, García Durrif señala que ahora mismo se utiliza un sistema informático que toma directamente los datos de las entidades bancarias. Un sistema, asegura, por el que los fiscales se han interesado para estudiar la posibilidad de utilizarlo en otras comunidades.