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Pedirle la paga a la Comunidad

Más de 3.000 adultos están tutelados por la Administración - La mayoría padece alguna enfermedad mental y su número aumenta un 20% cada año

A Eduardo, que hoy tiene 35 años, se le juntó todo. Las drogas, los delirios, las alucinaciones, la compra compulsiva... Perdió hasta el último euro y se endeudó en alguno más. Un juzgado le declaró incapaz de regir sus bienes hace dos años y medio. Fue su madre la que, desbordada, acudió a la justicia en busca de ayuda. Eduardo pasó a estar tutelado por la Comunidad de Madrid. Cuenta que la jueza le preguntó si era eso lo que quería. "Dije que sí, me di cuenta de que necesitaba apoyo". Y hoy, prácticamente recuperado, con una vida ordenada y activa, es quizá la persona de la que Carlos Zori, gerente de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), está más orgulloso. "Ha ido saliendo él solo", afirma.

La agencia de tutela gestiona pensiones por valor de 12 millones de euros

Por lo que cuentan ambos, no ha debido de ser fácil. Al principio, Eduardo tenía que ir cada día a la agencia a recoger la parte proporcional de su pensión. Era la única forma de que no se la ventilara en una tarde. Le buscaron alojamiento, actividades, hasta un voluntariado. En enero le dieron el alta en el CAI (Centro de Atención Integral) donde le trataban de su adicción. Ahora va cada 15 días a por su dinero. Sonríe al contar que ya tiene ahorros. En breve podrá pagar el último préstamo. Y entonces, la trabajadora social de la agencia valorará si puede volver al juzgado a revocar la tutela. El siguiente paso es la curatela: tendrá capacidad de obrar, pero limitada. "Llevo mucho tiempo bien y me siento más seguro, pero prefiero que la agencia siga gestionándome el dinero", explica.

El de Eduardo es un caso excepcional. El perfil de las personas tuteladas por la AMTA corresponde a una mujer de entre 50 y 59 años. Dos de cada tres tutelados viven en residencias o en centros psiquiátricos. El resto, los que viven en domicilios, son los que acuden regularmente a la agencia, a por dinero o a reunirse con el trabajador social que lleva su evolución. Ayer, martes, era día de paga. Decenas de personas esperaban su turno en las oficinas de la agencia, en la calle Gran Vía.

Abogados y trabajadores sociales se encargan de proteger jurídica, social y económicamente a las 3.370 personas que están ahora bajo tutela de la Administración madrileña. "Es un concepto un poco fuerte", dice María Jesús Lumbreras, una de las abogadas, respecto a la declaración de incapacidad. "Es la muerte civil de la persona". No pueden regir sus bienes, ni tomar decisiones. Sin embargo, no es irreversible. "Puede ser objeto de revisión mediante informes médicos y la supervisión de un fiscal", señala.

A su espalda tiene dos grandes paneles de los que cuelgan centenares de llaves. "Son de las casas de los tutelados. Hay que mantenerlas, pagar la comunidad, alquilarlas si no viven en ellas para que generen ingresos", explica Zori. La agencia gestiona unos 350 domicilios. Solo en pensiones, administra 12 millones de euros. Pero el dinero es solo una de las muchas cosas de las que se encargan. "Dependiendo de las necesidades, les diseñamos una vida nueva", afirma Teresa Criado, una de los 10 trabajadores sociales del centro. Y cada caso es diferente: "Vienen personas con mucho dinero al que su familia está metiendo mano. En ese caso, nosotros tenemos que bloquear cuentas. Y también gente que está en la calle, que no tiene nada".

La mayoría de las personas tuteladas -8.000 en los 15 años que lleva funcionando la agencia- padece una enfermedad mental y/o discapacidad intelectual (34%), demencia (33%), psicosis o esquizofrenia (22%). Y cada vez son más, señala Zori. Las tutelas aumentan un 20% cada año. Hay casos increíbles, como el de una señora mayor a la que un hijo había obligado a firmar un préstamo hipotecario de 600.000 euros sobre una casa en Puerta de Hierro. La mujer cobraba 1.000 euros de pensión. Cuando el juez otorgó la tutela a la agencia, ya era demasiado tarde. Perdió la casa. Ahora vive en una residencia. Zori relata también el caso de una mujer apátrida, que dice llamarse Sharon. Sufre delirios y lo ha olvidado todo. "Estamos en el proceso de ponerle apellidos". Hasta de eso se ocupan.

Eduardo, de 35 años, una de las personas tuteladas por la Comunidad de Madrid.
Eduardo, de 35 años, una de las personas tuteladas por la Comunidad de Madrid.SAMUEL SÁNCHEZ

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