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La fiscal ve que hay “pruebas clarificadoras y contundentes” contra el pederasta de Ciudad Lineal

El ministerio público desmonta la tesis de la defensa de que el registro y la rueda de reconocimiento fueron ilegales

Pilar González, la fiscal del juicio contra el supuesto pederasta de Ciudad Lineal, ha leído esta mañana el informe final del juicio en el que ha remarcado que existen "pruebas más que contundentes" para culpar a  Antonio Ángel Ortiz, de 44 años. También ha desmontado los intentos de la defensa de que los vestigios son nulos porque se tomaron sin las debidas garantías legales.

Antonio Ángel Ortiz, en la sesión de hoy del juicio. Ampliar foto
Antonio Ángel Ortiz, en la sesión de hoy del juicio.

La fiscal ha mantenido la petición de 77 años y ocho meses de prisión por cuatro delitos de detención ilegal, cuatro de abusos sexuales y dos de lesiones. Además, solicita unas indemnizaciones para las menores que suman 426.000 euros. 

Pilar González ha afirmado que las pruebas permiten condenar a Ortiz. Se ha basado en las pruebas de ADN del acusado halladas en las ropas de tres de las cuatro niñas a las que supuestamente atacó entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en los distritos de Ciudad Lineal y en Hortaleza. El supuesto autor fue detenido un mes después de la última agresión, a primera hora del 24 de septiembre de 2014, en Santander.

La fiscal, que ha depuesto durante durante tres horas, ha hecho un relato de las agresiones que sufrieron las niñas, en algunas ocasiones con bastante detalle. Ha ensalzado además la exacta descripción de la segunda víctima, que dio detalles precisos de cómo era la vivienda, el portal y todo el entorno de lugar donde fue agredida sexualmente.

El ministerio público también ha dedicado con bastante detalle a desmontar la petición de nulidad del proceso que plantea la defensa del supuesto pederasta. Respecto del registro del domicilio al que llevaba a sus víctimas, en la calle de Santa Virgilia (Ciudad Lineal), fue legal porque estuvieron presentes en todo momento el acusado y la secretaria judicial, según la representante del ministerio público. Esta también ha defendido que la cadena de custodia de todas las pruebas estuvo garantizada porque se siguieron los protocolos del Cuerpo Nacional de Policía. Por último, las ruedas de reconocimiento se hicieron en sede judicial con todas las garantías legales.

González ha mantenido que las niñas y sus familias sufren síndrome de estrés postraumático, típico tras haber pasado un hecho tan grave como una agresión sexual. También ha desmontado la versión que dieron la madre y el tío del presunto criminal en el juicio. En su opinión, lo hicieron para intentar salvaguardar a Ortiz. También ha destacado que el acusado no fue a Santander a buscar trabajo sino para huir de la policía.

El abogado de la segunda víctima del pederasta, una niña española de nueve años capturada el 10 de abril de 2014, José Antonio Tuero, ha mantenido la acusación de dos tentativas de homicidio para el acusado, ya que suministró, según su exposición, benzodicepinas, en cantidad suficiente para causarles la muerte al ser menores de edad y tener un bajo peso. "Gracias a que llegaron a vomitar hasta en cuatro ocasiones, los efectos de estas pastillas se redujeron. Y es que no son pastillas inocuas y menos para un menor", ha destacado el letrado.

Este letrado solicita 126 años de prisión para el acusado, ya que pide más condena para los delitos de agresión sexual y añade las dos tentativas de homicidios. Las indemnizaciones llegan en su caso a los 690.000 euros.

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