Colau culpa a la Generalitat de pedir penas de prisión a un matrimonio desahuciado
Interior pide penas de más de cinco años para los activistas que intentaron frenar un desalojo en 2011 en el Clot
El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado un pulso a la Generalitat a la que culpa de solicitar penas de hasta cinco años de cárcel para un matrimonio y tres activistas que se opusieron a un desahucio, en 2011, por impago del alquiler de un piso en el barrio del Clot. El Consistorio acusa a Interior de solicitar una condena que —en caso de que el juez la estimara— supondría el primer caso en España en el que los desahuciados ingresaran en prisión.
El polémico desahucio tuvo lugar el 25 julio de 2011 en un piso del número 22 de la calle de Andrade de Barcelona. Eliseo Loyé y Verónica Loká y sus tres hijos vivían de alquiler desde hacía 26 años.
Meses antes, el propietario del piso solicitó un aumento de la mensualidad de la renta antigua que abonaba el matrimonio. Las desavenencias entre las partes acabaron en los tribunales y con una orden judicial que obligaba a la pareja a abandonar el domicilio. Loyé y Loká se negaron, por lo que el juez fijó una fecha para hacer efectivo el desalojo. Las movilizaciones de diferentes plataformas de activistas y vecinos obligaron a los Mossos d’Esquadra a suspender el desahucio en varias ocasiones.
Los mandos de los Mossos d’Esquadra y el secretario judicial decidieron ejecutar el desahucio el 25 de julio de 2011. 80 personas se concentraron en las puertas del inmueble para detener, de nuevo, la orden judicial. Se vivieron momentos de mucha tensión y los agentes se vieron obligados a retirar una a una a las personas concentradas. La operación policial duró varias horas y hubo heridos, entre ellos varios Mossos d’Esquadra.
La fiscalía tomó cartas en el asunto y acusó al matrimonio, a un vecino y a dos activistas de diferentes delitos, entre ellos, atentado contra la autoridad. La acusación pública solicita que Loyé y Loká sean condenados a pagar una multa, y el resto de acusados, a penas de dos años de prisión. La Generalitat también se personó en la causa y solicita para el matrimonio una condena de dos años y tres meses de cárcel y de hasta cinco años y tres meses para los activistas a los que acusa de desordenes públicos, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.
La carta
El teniente de alcalde de derechos de Ciudadanía en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, recibió ayer en el Consistorio al matrimonio y al resto de acusados. En el encuentro —en el que participaron la concejal de la CUP, María José Lecha y la de ERC, Montserrat Benedí— Asens remarcó que cuando se produjo el desalojo “no había alternativa habitacional”.
El propio Asens y el concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, hace unos días enviaron una misiva al titular del Departamento de Interior, Jordi Jané, en el que mostraban la preocupación del Consistorio ante el inminente juicio, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre. En el escrito aseguran que las penas de prisión que solicita la Generalitat “son excesivamente rigurosas” y pueden convertir a la Administración catalana en la primera que consiga que alguien ingrese en prisión por intentar detener un desahucio.
Asens no quiso entrar en polémicas sobre el hecho de que una concejal de ERC participara en la reunión con los acusados y a la vez su partido forme parte del Gobierno de la Generalitat.
Tras la reunión, Loyé y Loká solicitaron que las personas que les ayudaron aquel día no vayan a la cárcel.
El Departamento de Interior anunció ayer que sus servicios jurídicos están estudiando el caso y no quisieron pronunciarse al respecto.
