"Lo que hacen no tiene perdón"

"Esto es una vergüenza", lamentaron "indignados" ayer Verónica y Eliseo en la calle, después de que los Mossos d'Esquadra abrieran paso a la comitiva que tenía que ejecutar su orden de desahucio. La familia tuvo que salir a la fuerza del piso que habitaba desde hacía 26 años en el barrio de El Clot de Barcelona. Y lo hizo con lo puesto. La policía no les permitió coger sus enseres, apenas un par de bolsas llenas hasta los topes.

Más de 200 personas se plantaron a primera hora de la mañana ante el número 22 de la calle de Andrade para evitar el desahucio de la pareja y sus tres hijos. Formaron un cordón humano, pero no consiguieron su propósito. El desalojo derivó en enfrentamientos entre la policía y los vecinos que trataron de impedirlo. Los Mossos denunciaron a 34 personas: 13 por desobediencia leve a la autoridad, 17 por desobediencia grave y 4 por atentado contra la autoridad.

La refriega acabó con 10 heridas leves (siete de ellos, mossos), según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los vecinos denunciaron brutalidad policial. Un portavoz del cuerpo aseguró que en ningún momento hubo cargas contra los manifestantes, que, en cambio, sí pudieron observar los allí presentes.

Una decena de furgones y una treintena de agentes cercaron el edificio. La policía sacó a la fuerza, con golpes, empujones y porrazos, a todos los allí reunidos. "Lo que están haciendo no tiene perdón", gritaba incrédula Verónica desde su balcón. Uno a uno, los Mossos sacaron a quienes se encontraban en el portal, en la escalera y en el interior del piso. Uno de ellos, Jorge Sánchez, explicó que "resistían pacíficamente", pero la policía los "arrancó" del cordón "con insultos despreciativos y golpes".

Luego, una decena de agentes accedieron al inmueble por el balcón y por la parte trasera mediante dos escaleras, mientras la inquilina intentaba evitarlo. Una hora después, a las tres de la tarde, los Mossos desalojaron a la familia. "No son personas, son mercenarios", gritaban el centenar de personas que quedaban en la zona. Los Mossos recibieron una cascada de insultos.

"Los jueces y la policía han traspasado la línea roja", denunció ayer el presidente de la Asociación 500 x 20 contra los desahucios, Salvador Porta. La familia tenía un contrato de renta antigua e indefinido desde que entraron en el piso. Pagaban 270 euros de alquiler. Hace cuatro años, sin embargo, el propietario les pidió renovar el contrato, como a muchos otros inquilinos de la finca. Se negaron. Y ahí empezaron sus problemas. "No nos dejaron dialogar, el propietario del piso nos llevó directamente ante la justicia", explicó Verónica. Aseguró que nunca han dejado de pagar el alquiler "ni un mes". Pero no abonaron el sobreprecio que, según vecinos con el nuevo contrato, es tres veces superior.

Es la segunda vez que un desalojo acaba con denunciados en Cataluña. En Vic, 13 personas fueron juzgadas por desobedecer a los Mossos y tratar de impedir que echasen de su piso a una mujer embarazada y a su familia, el pasado 9 de febrero.