La Generalitat invita al Estado a bajar la pugna jurídica con los casos del 9-N

El Gobierno catalán acogió ayer con frialdad el plan de La Moncloa de intentar rebajar la tensión judicial en el Tribunal Constitucional donde se acumulan más de 80 recursos interpuestos entre las dos Administraciones. La Generalitat ha argüido que rebajar esa pugna jurídica no pasa ahora básicamente por desencallar conflictos de competencias sino por todo el paquete del 9-N y las causas penales abiertas. La lista la integra Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau -que serán juzgados por organizar la consulta- el diputado Francesc Quico Homs -de quien se ha aprobado el suplicatorio- y la presidenta del Parlament Carme Forcadell, citada por la Fiscalía por un delito de desobediencia. “No nos vamos a conformar. Los conflictos de competencias son importantes pero el del 9-N lo es más”, han señalado fuentes de Gobierno catalán.

La Generalitat considera que el órgano propicio para desencallar los conflictos de competencias es la comisión bilateral Estado-Generalitat y, por ello, las mismas fuentes instaron al Ejecutivo Central a convocar el órgano. Neus Munté, vicepresidenta del Gobierno catalán, ya sugirió semanas atrás la conveniencia de convocar la comisión para analizar las 46 reivindicaciones que planteó el presidente Carles Puigdemont a Mariano Rajoy el pasado mes de febrero. Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, contempló la posibilidad de reactivas esos mecanismos.

El órgano no se reúne desde 2011 cuando la parte catalana la presidía el exlíder de Unió Josep Antoni Duran Lleida. El órgano no se reunió nunca cuando lo encabezaba por parte catalana la entonces a vicepresidenta Joana Ortega y no lo ha hecho desde que el responsable del mismo es Raül Romeva.

Miembros del PDcat piden hechos para que la oferta del Gobierno no sea una operación de marketing

Con todo, el Ejecutivo catalán atribuyó el aumento de la conflictividad entre las dos Administraciones a la voluntad del Gobierno de laminar las competencias de las autonomías. Y puso como ejemplo el caso de la abolición de las corridas de toros, aprobada por el Parlament y blindadas después por el Gobierno amén de la sentencia del Constitucional. “Nosotros no tenemos ningún interés en poner recursos”, señalaron las mismas fuentes que aseguraron que en cualquier caso la comisión técnica de las dos Administraciones mantiene una relación ordinaria por vídeo conferencias.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha empezado esta semana la operación diálogo con sendas entrevistas con Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos y Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas. La decisión causó una enorme sorpresa en la Generalitat y en los partidos independentistas. Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán, ha mostrado hoy su enorme escepticismo ante el plan e ironizó con la elección de los interlocutores e insinuó que quizá se debía a una mera fórmula de cortesía porque Ciudadanos y PSC fueron los partidos que peor resultado obtuvieron en las elecciones generales. Miembros del Partit Demòcrata Català (la extinta Convergència) mostraron su sorpresa de que el Gobierno central se proponga “graduar” la velocidad de la justicia e instó al Ejecutivo a demostrar con hechos su disposición al diálogo para que se constate que es una realidad y no una mera de “operación de marketing”.