La CUP arranca a Junts pel Sí un impuesto a grandes patrimonios

El tributo gravará inmuebles, yates, vehículos y aviones que estén a nombre de empresas

Barcos de ocho metros de eslora, pagarán el impuesto.
Barcos de ocho metros de eslora, pagarán el impuesto.CARLES RIBAS

El Gobierno catalán amarró este lunes el apoyo de la CUP a la tramitación de los Presupuestos después de que Junts pel Sí y la formación anticapitalista registraran en el Parlament una propuesta de ley para gravar grandes fortunas. La fórmula para acceder a una de las principales demandas de la CUP para permitir el debate presupuestario ha sido imponer un tributo sobre inmuebles privados, automóviles, yates o aviones que estén a nombres de empresas y que no se usen para la actividad productiva, sino para usos particulares. El impuesto, que tendrá un tipo máximo del 1%, entrará en vigor en 2017.

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El vicepresidente y titular de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, llevará hoy al Parlament una propuesta de Presupuestos para el año que viene que recoge algunas de las demandas de la CUP. El gasto social se incrementará en más de 1.000 millones respecto a las cuentas de 2015, se prevé una partida para un referéndum sobre la independencia y la ley de Acompañamiento incluye una batería de impuestos como la extensión de la tasa turística a todos los apartamentos y cruceristas, un tributo sobre las bebidas azucaradas y gravámenes medioambientales sobre la energía nuclear y las grandes superficies.

“Activos improductivos”

Junts pel Sí y la CUP cerraron el último de los impuestos que han tenido sobre la mesa en los últimos meses. En estas negociaciones, que fueron tensas dada la distancia entre los tres partidos, uno de los escollos era la exigencia de los anticapitalistas de un impuesto sobre las grandes fortunas, como el que ya existe en Guipúzcoa. Fuentes del Ejecutivo catalán explicaron, sin embargo, que la Generalitat no tiene competencias en ese ámbito, por lo que optaron por gravar grandes patrimonios “improductivos” en manos de las empresas. Es decir, el tributo se aplicará a personas jurídicas y no a ciudadanos.

La ley fija un mínimo exento de 500.000 euros, que baja a 100.000 en el caso de que no haya ningún inmueble. Se gravarán edificios, vehículos de motor de 200 caballos o más, embarcaciones de recreo de ocho metros de eslora o más y aeronaves. El tipo que se aplicará será progresivo y llegará al 1% en caso de patrimonios de más de 1,5 millones de euros. Los republicanos celebraron el impuesto al considerar que estas prácticas fomentan la evasión fiscal. “Se ha acabado comprarse un coche o un barco para pasear por Calella de Palafrugell y ponerlo a nombre de la empresa”, afirmó el portavoz de ERC, Sergi Sabrià.

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La misma lectura, la de la lucha contra el fraude, hizo el PDCat. La antigua Convergència había topado con las demandas de la CUP de imponer más cargas a grandes fortunas y por una reforma del IRPF que consistiera en aumentar los tipos que se aplican a las rentas más elevadas. Finalmente, esa reforma se ha acabado resolviendo rebajando las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda a más de 250.000 contribuyentes. “Estamos contentos de que la CUP haya entendido que el objetivo prioritario es luchar contra el fraude fiscal, no estigmatizar aquellos que trabajan para la economía del país”, aseguró la coordinadora general del partido, Marta Pascal.

 

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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