Colau exige que se esclarezca un crimen de 1992 en l’Hospitalet

Pedro Álvarez murió la noche del 15 de diciembre de 1992. Tenía 20 años. Acompañaba a su novia Yolanda a casa cuando un coche casi la atropella en la avenida Cataluña de l’Hospitalet de Llobregat. Yolanda esquivó el vehículo y se enfrentó al conductor. Un hombre salió de un Opel Vectra de color blanco y agredió a la joven. Pedro corrió a defender a su novia pero el conductor exhibió un arma de fuego y apretó tres veces el gatillo. Minutos más tarde una ambulancia trasladaba al joven, vecino del barcelonés barrio de la Verneda, hasta el Hospital de Bellvitge. Cuando llegó a Urgencias había fallecido.

Han pasado casi 24 años de la muerte de Pedro y el caso sigue impune. Hoy el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens recibirá en el Consistorio a los padres de Pedro. BComú someterá a votación el próximo viernes en el pleno una declaración institucional en la que no solo se solidarizarán con la causa sino que instarán a todas las administraciones a esclarecer el crimen. Además, pedirán al Síndic de Greuges que examine el comportamiento de las diferentes administraciones en un caso que lleva 24 años en un cajón. El propio Asens se ha impuesto una obligación: “La muerte de Pedro es muy grave y con muchos interrogantes. Merece un documental. Es un caso truculento y como sociedad no podemos permitir que prescriba sin haber identificado al autor de la muerte”.

La declaración que el equipo de gobierno presentará el próximo viernes contará con el apoyo de la CUP y ERC y, muy probablemente, con la del PSC y CiU. Además, en la declaración se pedirá a la Generalitat que haga todo lo posible para esclarecer el caso. También harán se harán declaraciones similares en l'Hospitalet de Llobregat y Molins de Rei. En Esplugues fue la CUP quien presentó el pasado 17 de noviembre una declaración. No consiguieron aprobarla. La formación antisistema instaba a investigar el crimen de Pedro y apuntaba a que se trataba de un nuevo caso de “abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad del Estado”. La declaración de la CUP apuntaba a un sospechoso. La única persona que estuvo detenida por la muerte de Pedro. Un agente de la Policía Nacional.

Minutos antes de la muerte del vecino de la Verneda un guardia de seguridad, precisamente del Hospital de Bellvitge, denunció que un tipo le había exhibido un arma de forma intimidatoria. Los testigos del asesinato de Pedro describieron a un individuo idéntico. 48 horas después del crimen la Policía Nacional detuvo al principal sospechoso, uno de sus compañeros. Seis días más tarde, el 23 de diciembre de 1992, el agente fue puesto en libertad por falta de pruebas. Desde entonces el caso se ha abierto y cerrado varias veces. En septiembre de 2000 se archivó la causa. Dos años más tarde el padre del fallecido, Juanjo Álvarez, fue juzgado por acosar al único sospechoso de la muerte de su hijo. Quedó absuelto. Desde entonces el caso está en un cajón sin que nadie haya pagado por la muerte de Pedro.

Juanjo y su esposa, Carmen Peso, se han convertido en unos padres coraje que luchan diariamente para que no olviden que quien asesinó a su hijo sigue libre. “El paso que vamos a dar con el reconocimiento de las instituciones es importante pero lo que buscamos es que se vuelvan a reabrir las investigaciones. Hay mucha gente esperando que el caso prescriba (en octubre de 2020) y se dé carpetazo a la muerte de mi hijo”, advierte Juanjo.

El padre de Pedro cree que su caso no es único y todo se debe a la corrupción del sistema. “El asesino de mi hijo no era un policía cualquiera, era un guardaespaldas con una asesoría jurídica cerca del lugar donde tuvieron lugar los hechos”. Ha memorizado una lista de supuestas irregularidades en el caso. “Se le practicaron varias ruedas de reconocimiento a Yolanda a pesar de que había identificado al agente sospechoso la primera vez; nunca se solicitaron pruebas de los neumáticos del coche ni se investigó nada sobre la identidad de la acompañante del acusado; los testigos dieron dos número de la matrícula del vehículo que coincidía con la del sospechoso…”, denuncia.

El único detenido nunca se sentó en el banquillo de los acusados y se archivó el caso por “falta de pruebas concluyentes”. Los peritajes de la propia Policía Nacional afirmaron que no podía determinar que el arma del agente fuera la que se utilizó en el crimen. Tampoco lo negaron.

Jaume Asens tiene muy claro cuál es el objetivo de la declaración institucional que votarán el próximo viernes: “Barcelona tiene una deuda con la familia de Pedro Álvarez, debemos reconocer su lucha y se tiene que aclarar de una vez la muerte de su hijo. El sistema ha fallado y si el sistema no consigue averiguar lo que ha pasado en un asesinato en la vía pública, es alarmante”.

“En el caso Ester Quintana fue un mosso quien la dejó tuerta. El sistema no ha averiguado la identidad del agente pero Ester será indemnizada por la administración. El caso de Pedro, al no haber autor, ha quedado impune, lo que supone un mal funcionamiento de las instituciones. El sistema ha fallado y hay que ver si alguien es responsable”, denuncia Asens.

Asens y, sobre todo, Juanjo Álvarez saben que la cuenta atrás a la prescripción ha comenzado. Ambos saben cuál es el objetivo: “Este crimen no puede quedar impune”. Este miércoles el político y la familia coraje se reunirán en el Ayuntamiento de Barcelona. Han pasado casi 24 años de protestas, encierros en iglesias, firmas e incluso Juanjo inició una huelga de hambre. Por primera vez, una institución reconoce su lucha por esclarecer la verdad.