La causa contra Forcadell va seis veces más rápida que la de Mas
El TSJC tardó nueve meses en citar al expresident, mientras que ha empleado apenas un mes para llamar a la presidenta del Parlament
La causa judicial contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va a una velocidad supersónica. Al menos, si se compara con el proceso que afronta el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por el mismo delito: desobediencia. Desde que la Fiscalía se querelló contra Mas por organizar la consulta independentista del 9-N hasta que declaró ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) pasó casi un año. Esos mismos pasos, en el caso de Forcadell -investigada por permitir una votación sobre el proceso independentista, se habrán dado en menos de dos meses, lo que supone que la causa de Forcadell avanza seis meses más rápido que la de Mas.
Las circunstancias de uno y otro caso son distintas. La Fiscalía se querelló contra Mas por cuatro delitos en noviembre de 2014, después de un intenso y polémico debate interno. Los fiscales catalanes no vieron indicios de delito, pero la Fiscalía General del Estado impuso su jerarquía y forzó la actuación contra Mas; contra la vicepresidenta Joana Ortega y contra la consejera de Enseñanza Irene Rigau. Todos ellos irán a juicio por haber organizado la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional (TC). Los tres excargos públicos afrontan penas de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación.
Cuando la Fiscalía se querelló contra Mas, el TSJC estaba presidido por Miguel Ángel Gimeno. La inmensa mayoría de las querellas del ministerio público se admiten, como mínimo, a trámite. El tribunal se tomó un mes para decidirlo. En el caso de Forcadell fueron solo seis días, los que medieron entre el 19 y el 25 de octubre de 2016.
El gran retraso en la causa contra Mas, sin embargo, se produjo a la hora de decidir si se le citaba a declarar como investigado. La decisión correspondió al magistrado instructor de la causa, Joan Manel Abril, nombrado en 2012 a propuesta del Parlament y con los votos favorables de CiU, PSC, ERC e ICV. El entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ramon Camp -designado por los nacionalistas- avaló su nombramiento. Pasaron nueve meses y uno mas hasta que el expresidente declaró como imputado: el 15 de octubre de 2015.
En el caso de Forcadell no hubo dudas: la Fiscalía General del Estado ordenó a la fiscalía catalana que presentara una querella por desobediencia. Desde entonces ha pasado apenas un mes y la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, ha citado a la presidenta del Parlament a declarar el próximo 16 de diciembre por permitir una votación sobre el proceso independentista.
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