La familia de un hombre arrollado supuestamente por un camión de Urbaser pide reabrir el caso

La familia de José Antonio Fernández Neira, cuyo cadáver apareció entre los “soportales y la fuente” de la plaza de Campo Castelo el 5 de enero del 2015 sobre las ocho y media de la mañana, quiere que el juzgado de Instrucción número 3 reabra la investigación después de que la Audiencia Provincial cerrase la causa al considerar que no hay pruebas concluyentes. Desde un principio se sospechó que fue arrollado por un camión de Urbaser, que realiza la limpieza de calles en esa zona, llegándose a tomar declaración al conductor.

El cadáver presentaba, según el acta de la inspección que realizó la policía nacional ese 5 de enero y al que ha tenido acceso EL PAIS, “fractura de ambas piernas, fractura con erosión en zona interna del tobillo derecho, sección del lóbulo de la oreja derecha, golpe en el lado derecho de la sien, fractura en la frente y sien del lateral izquierdo, ojos hinchados y fractura de la tercera falange del dedo medio de la mano izquierda”. En el informe se añade que “se aprecian restos de arrastre en la frente, en la parte anterior del jersey, en el abrigo y desgarro en la parte trasera izquierda”.

Fernando Fernández, el hijo del fallecido, ha asegurado que la familia intenta reabrir la investigación. Así lo va a reclamar de nuevo ante el mismo juzgado, el número 3, que llevaba estas diligencias, o ir más allá y pedir la reapertura de diligencias por la Audiencia Provincial. Interpreta que se haya podido producir una “negligencia” policial al no “precintar” el camión de Urbaser, sobre el que puso el foco la propia policía nacional que fue la que llevó la investigación.

Fernando Fernández, y así lo recoge el propio informe policial, constata que hasta “tres días después no se revisa el vehículo” sobre el que recayeron las sospechas. “Eso da para desconfiar”, sentencia. El primer día, según la familia, lo único que se inspeccionó fue la parte delantera del auto, cuando se sospecha que el atropello se produjo durante una maniobra de marcha atrás. A esto se suma la responsabilidad civil, que dirige directamente hacia el Ayuntamiento de Lugo y hacia la empresa concesionaria del servicio de limpieza de la ciudad amurallada.

La familia adelanta que aportará nuevas pruebas, “como un informe técnico de reconstrucción del accidente en tres dimensiones”, que podría llegar a desvelar que el camión que provocó el accidente iba a una velocidad “mayor” de la permitida. El hijo del fallecido no sale de su “asombro” ante el cierre de las diligencias que ordenó en su día la Audiencia Provincial de Lugo. Se desliza por parte del abogado de la familia que se podría haber incurrido en un delito de “omisión del deber de socorro” al no auxiliar al anciano que contaba 79 años y era vecino de la ciudad.

El titular del juzgado de Instrucción 3 de Lugo es Sergio Orduña, un magistrado que ocupó la plaza después de que la anterior responsable, Estela San José Asensio, pidiese el traslado. La magistrada San José dirigió investigaciones tan sonadas como la conocida como "trama de las multas" o la Operación Campeón, que mantiene imputados al empresario del sector farmacéutico Jorge Dorribo y a varios cargos de la Xunta. Orduña heredó, entre otras causas, el caso Bebé sobre supuestas retiradas irregulares de niños a sus padres por parte de funcionarios de la Administración gallega. Al igual que en el caso del atropello de Fernández Neira, el juez archivó la causa alegando, entre otras cosas, la falta de pruebas concluyentes. En las dos ocasiones, se ha repetido la historia: la Audiencia Provincial de Lugo ha confirmado el fin, sin resultados ni culpables, de las investigaciones. En el caso de la mediática Operación Bebé, varios abogados de los padres despojados de sus hijos contra su voluntad han anunciado que recurrirán ante el Supremo.