Un polémico principio de precaución

La muerte de una anciana de Reus a la que se le había cortado la electricidad pone de manifiesto las lagunas en la aplicación, despliegue y cumplimiento de la ley contra la pobreza energética, la 24/2015. Esta norma tiene dos partes: una sobre desahucios —suspendida por el Tribunal Constitucional— y otra para ayudar a las personas sin medios que no pueden hacer frente a las facturas de suministros, en vigor.

Los artículos contra la pobreza energética incluyen el llamado principio de precaución que establece que, antes de cortar, la suministradora tiene que verificar con los servicios sociales correspondientes que el cliente no sea vulnerable. La Generalitat y las empresas nunca se han puesto de acuerdo sobre cómo aplicarlo y cada compañía ha hecho su propia lectura de ese concepto. La Agencia de Consumo intentó unificar criterios a través de un protocolo, publicado hace un año, y contra el que la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) presentó un contencioso administrativo a principios en octubre por considerar que sobrepasa el ámbito de la ley. El juez estimó el recurso pero no suspendió el protocolo cautelarmente.

Gas Natural, la empresa que prestaba el servicio a la fallecida, explicó que tiene un canal de comunicación con el Ayuntamiento de Reus. Gracias a ello, los servicios sociales comunican a la empresa los casos de vulnerabilidad. Gas Natural, por su parte, informa al Consistorio sobre las personas que habían tenido problemas para podrían pagar. Ambas partes, en embargo, asegura que desconocían el caso de la fallecida.

La suministradora, miembro de la patronal Unesa, enfatizó ayer en una nota “la necesidad de establecer un protocolo por el cual las compañías informen a los servicios sociales de los casos de corte de suministro por impago”. Además, pide “unificar” las legislaciones sobre el problema.

En el pleno contra la pobreza, se exigió al Gobierno que hiciera el “desplegamiento reglamentario” necesario para poner en marcha los artículos sobre pobreza energética. El Gobierno asegura que esta medida “está en curso”, si bien defiende el protocolo rechazado por Unesa y que nunca fue aprobado por el Consejo Ejecutivo. Este texto establece que la suministradora debe anunciar al cliente con impagos sobre sus derechos respecto a la ley 24/2015 en dos cartas. Si no hay respuesta, debe dirigirse al Ayuntamiento para determinar si se trata de un cliente vulnerable antes de cortar el servicio.

Las compañías argumentan que verificar cada corte colapsaría los servicios sociales, además de dificultar el cobro de su cartera de clientes. Por ello, piden otro protocolo “realista”.