El Ayuntamiento quiere subir un 36% las ayudas a una federación que presidió el edil Murgui

El Consistorio alega que el aumento de dinero se debe a la voluntad de recuperar niveles de ayudas previos a los recortes

El concejal Nacho Murgui, en el pleno de Madrid.

Madrid - 08 nov 2016 - 06:51CET

El Ayuntamiento de Madrid estudia subvencionar en los presupuestos de 2017 a la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) con 1,8 millones de euros, un 36% más que en 2016. De esta entidad fue presidente el concejal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui. Los presupuestos también dotarían con 3,5 millones (2,5 más que en 2016) a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), de la que es secretaria general Rita Maestre.

La FRAVM puede acabar siendo una de las entidades más beneficiadas por el Plan Estratégico de Descentralización Municipal impulsado por el gobierno de Ahora Madrid. Este proyecto, que prevé fomentar las actividades en los distritos madrileños y que, de momento, permanece en fase embrionaria, cuenta con la participación activa de la FRAVM, según se desprende del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2017.

La federación de asociaciones vecinales, que el concejal Murgui presidió hasta el año pasado, colaborará en el desarrollo de "servicios de dinamización vecinal" y "diseño, coordinación y desarrollo de actuaciones de carácter social, educativo, deportivo, de interés público (...) que promuevan y mejoren las condiciones de vida de los barrios afectados, contribuyendo a lograr el reequilibrio territorial". Y, por ello, verá incrementar sus subvenciones en casi 500.000 euros con respecto a este año, hasta los 1,9 millones. En 2015, no alcanzó el millón.

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Fuentes oficiales del Ayuntamiento explicaron este lunes que este aumento de dinero se debe a la voluntad del Consistorio de recuperar niveles de ayudas al tejido asociativo de la época del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Su objetivo es "recuperar la situación previa a los recortes de 2014".

La portavoz municipal del Partido Popular, Esperanza Aguirre, señaló que el incremento de los fondos destinados a la FRAVM se suma a otras ayudas que el equipo de Carmena ha incluido en su proyecto de presupuestos. Entre ellas están las subvenciones a la UCCI, cuya secretaria general es la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, que pasará a recibir más de 3,5 millones (este año ha obtenido algo más de un millón).

"Esto sí son puertas giratorias", dijo Aguirre, refiriéndose al concejal Nacho Murgui. "Estaba en la FRAVM y como presidente se autocontrató", afirmó. "Para conseguir este aumento de subvenciones tienen que subir los impuestos", agregó, y se refirió al IBI —que el Consistorio asegura que se rebajará— y de otros gravámenes como la tasa para los residuos urbanos (TRUA), o el impuesto de circulación para los vehículos antiguos y más contaminantes.

Rita Maestre admite el pulso con Hacienda

La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, reconoció ayer que entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda existe una "discusión política" abierta. En una entrevista televisiva, contestó públicamente a la negativa del departamento que dirige Cristóbal Montoro a aceptar el incremento de gasto propuesto por Ahora Madrid. Hacienda considera que el proyecto de presupuestos incumple la ley de estabilidad derivada del pacto fiscal europeo de 2012.

El ministerio advirtió de la posibilidad de que el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, fuera destituido por no informarle correctamente sobre sus planes. Maestre defendió, sin embargo, que las cuentas de 2017 están diseñadas en un marco que se ajusta a la "legalidad", e instó al ministro, recientemente confirmado en el cargo por Mariano Rajoy, a trabajar "desde la lealtad institucional".

La portavoz municipal también recordó que la política económica del Ayuntamiento ha permitido reducir en más de 1.000 millones la deuda, manteniendo a la vez el superávit. Parte de la oposición, como PP y Ciudadanos, creen, en cambio, que ese incremento de la amortización de la deuda se debe al escaso grado de ejecución de las inversiones, lo que, según impone la ley de estabilidad, obliga a los entes locales a transferir el dinero no ejecutado a las entidades bancarias.

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