La lección catalana de Trump

Los cuatro años de Procés —o de procesismo, según los observadores más maliciosos— han producido una abundante literatura sobre las excelencias de la Cataluña futura. No está prohibido soñar y menos imaginar, entre otras razones porque es gratis. Pero a veces no son el deseo o la imaginación las que más nos cuentan sobre cómo queremos que sean las cosas sino nuestros propios actos y gestos, más elocuentes de lo que solemos pensar sobre nuestras auténticas intenciones.

Esto es lo que está ocurriendo con la rebelión municipal que ha organizado la CUP para poner contra las cuerdas a los Mossos, al consejero de Interior Jordi Jané y al propio Gobierno de Carles Puigdemont, conminándoles a que se sumen a la desobediencia de las órdenes judiciales que ordenan retirar banderas esteladas de los ayuntamientos, anulan resoluciones soberanistas o sencillamente citan a acudir al juzgado para declarar ante denuncias interpuestas y aceptadas.

La CUP no tiene secretos. Su objetivo es perfectamente coherente para una formación que quiere la ruptura con la democracia constitucional, la salida del euro y de la OTAN, y la construcción sobre sus cenizas de una república de trazas próximas a la Venezuela chavista. Sus consejos municipales pueden decidir con toda naturalidad que la medida más pertinente para las jornadas electorales es hacer ondear una bandera de partido como la estelada en el edificio del ayuntamiento. O que serán laborables los días del calendario festivo que se identifican con la denostada democracia española. Y también que no hace falta obedecer los requerimientos judiciales para enmendar las presuntas ilegalidades cometidas ni hay que acudir a declarar cuando lo considere conveniente un juez.

Más difícil de entender es que compartan estas actitudes autoridades sobre el papel más solventes, como son la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se puede estar en favor del derecho a decidir, como la primera, e incluso de la independencia más o menos exprés, como el segundo, y no desatender la legalidad vigente a conveniencia. Esta es una e indivisible y no puede estratificarse, distinguiendo una legalidad municipal y una legalidad catalana, estas legítimas y emanadas del pueblo soberano, y luego otras española y europea, menos legítimas y endosables a las élites, castas y burocracias.

Nadie ha prohibido las banderas esteladas. Nadie puede ni debe limitar la libertad de expresión. El problema es pretender vulnerar los reglamentos y las normas que cuidan del funcionamiento de las elecciones con la exhibición de banderas y símbolos partidistas en instalaciones vinculadas a los comicios que se celebran y hacerlo para más mofa en nombre de la libertad de expresión; o desatender las resoluciones y citaciones judiciales en nombre del pueblo soberano o, lo que es más grave, declarar la desobediencia a la más alta instancia de arbitraje constitucional a través de una resolución parlamentaria, como sucedió el pasado 9N.

Aunque sean de la CUP, es preocupante que quienes exhiban tal confusión sean cargos electos con capacidad de decisión sobre sus administraciones y sus presupuestos, porque indica que pueden desatender la ley también en otros ámbitos. Pero más alarmante es que la compartan fuerzas de Gobierno en Cataluña y en Barcelona, y, no por lo que dicen ni siquiera por lo que hacen, sino por el mensaje que hacen llegar a la población sobre la Cataluña futura que tienen dibujada en sus mentes. Política es pedagogía. Cada comportamiento político es una lección impartida que tendrá luego consecuencias.

¿Cómo será esa república catalana que propugnan los desobedientes? ¿Estará permitido colgar banderas partidistas en locales municipales cuando se celebren elecciones? ¿Será optativo el cumplimiento de las leyes y de las órdenes judiciales?

Las respuestas que da la CUP y sus amigos a estas preguntas son las mismas de Donald Trump respecto a los resultados electorales: solo los acepto si gano, solo asumo las leyes que me favorecen. Quien no respeta la legalidad ahora mal puede exigir que se respete mañana aun cuando esta legalidad lograra ser únicamente catalana. Atendiendo al reparto del voto y a la división de la opinión pública ante la independencia, la desobediencia que la CUP practica y que otros jalean contiene una firme promesa en favor de la discordia civil y del enfrentamiento entre catalanes. Que, por cierto, no sería una novedad en la historia de Cataluña.