Apagón para 270 familias

Hamid S., español de ascendencia marroquí, tiene 32 años y vive con su mujer y sus dos hijos, de nueve años y seis meses, en una de las viviendas de la calle de Toledo número 15 en Parla. Sin luz desde hace un mes, y con los sentidos alerta “por si les obligan a dejar su domicilio” sin previo aviso, no puede contener las lágrimas al explicar su impotencia ante la situación. “Pagamos religiosamente nuestros recibos y el alquiler. No entendemos cómo se ha llegado a esta situación”, explica.

El caso de este vecino solo es un ejemplo de la situación en la que se encuentran 270 familias, la mayoría de origen marroquí, desde que la empresa Iberdrola cortó el suministro hace un mes, por un impago que asciende a 500.000 euros. El Ayuntamiento de Parla (PP) asegura que no se hará cargo de este gasto, como hizo el anterior equipo del PSOE, porque el edificio no es de propiedad municipal. “Si el Consistorio asumiera estos pagos, podría incurrir en un delito de prevaricación”, dice el alcalde, Luis Martínez.

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Pero ¿a quién pertenecen estas viviendas? En 2004 el Ayuntamiento aprobó un Plan Especial de Viviendas para Jóvenes, gestionado por empresas privadas. Las casas de la calle de Toledo estaban entre ellas. “El Ayuntamiento [en manos del PSOE y con Tomás Gómez al frente] cedió el derecho de superficie a la empresa Unifo”, cuentan desde el Consistorio. Dicha compañía, que construyó las casas, quebró en 2011. En ese momento varias mafias relacionadas con la droga tomaron las viviendas. En algunos casos las okuparon; en otros, las vendieron y alquilaron a gente con escasos recursos aprovechándose de su desconocimiento.

Dos años después de la quiebra de Unifo, el Consistorio firmó un convenio con la Fundación Todo Ayuda, por el que esta pasaba a cobrar los alquileres y los gastos de luz y agua de los vecinos. En ese momento, los alquileres pasaron de costar 220 euros a 52 (y de 240 a 62 si la casa contaba con dos habitaciones).  Por otra parte, el crédito que pidió la primera empresa, Unifo, pasó a manos de la Sareb, conocido como el "Banco Malo". Desde esta sociedad aseguran que las viviendas no son suyas, sino solo el crédito de la empresa en quiebra. “No somos propietarios del inmueble; si actuásemos sería ilegal”, dice Paco González, director de comunicación del Sareb.

El año pasado, cuando el PP  entró en la alcaldía revisó el acuerdo municipal con Todo Ayuda "encontrando algunas irregularidades". Según el equipo municipal, la fundación no remitía los contratos de alquiler ni llevaba al día el pago de los gastos. El convenio quedó rescindido entonces y los vecinos solos.

La fundación Todo Ayuda asegura que fueron ellos los que dieron por terminado el acuerdo "por falta de actitud del Ayuntamiento". Su presidente, Antonio Gimeno defiende que "todos los contratos de los vecinos, y no solo 20 como defiende el Consistorio, son válidos. La gente que entró como okupa se sometió a un proceso y empezaron a pagar el alquiler", explica. 

“Soy español y vivo con mi mujer y mi cuñada, que está prácticamente en estado vegetativo. Sin luz no podemos mover su cama para levantarla, ni comprar alimentos para más de un día, ni lavar la ropa. No somos gentuza. Si pudiese permitirme irme de aquí, ya lo habría hecho”, afirma Ángel, otro de los inquilinos. “La mayoría de nosotros paga el alquiler, nuestros gastos y vivimos tranquilos. Nos están tratando como a perros, solo por el hecho de ser pobres”, denuncia otro vecino, que vive con su mujer y sus cuatro hijas en una casa de una sola habitación.

El Consistorio declara que no puede hacerse responsable de realojar a estas familias y ha pedido ayuda a la Comunidad de Madrid. Por su parte, el Gobierno regional asegura que el cupo de viviendas sociales “está reservado a familias en situación de extrema necesidad, y no para familias que han sido okupas y han vulnerado la ley”.

Mientras tanto, los inquilinos, que han presentado un escrito al Defensor del Pueblo, permanecen a la espera de que se encuentre una solución, y no descartan manifestarse “donde haga falta” para ser escuchados. Gimeno añade que "lo más importante es que alguien asuma la responsabilidad y los vecinos vuelvan a tener luz". Según el presidente, Todo Ayuda, a pesar de que ya no se hace cargo de la gestión, ha remitido cartas pidiendo ayuda al alcalde de Parla, los grupos de la oposición, Iberdrola y la Comunidad de Madrid, entre otros, para que "se solidaricen con los vecinos".