El letrado mayor del Parlament advirtió de que votar el referéndum vulneraba al TC

El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, alertó, a principios de octubre, de que la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP a favor de convocar un referéndum independentista antes de septiembre de 2017 podía vulnerar las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) pero la Mesa de la Cámara, en la que JxSí tiene mayoría absoluta, alegó que prohibir la votación sería atacar a la "libertad de expresión".

Según el acta de la reunión de la Mesa previa a la celebración del Debate de Política General, Bayona advirtió de "la posibilidad de que el TC pueda considerar que se produce un incumplimiento" de las sentencias e interlocutorias que anulan la hoja de ruta independentista e instan a los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern a paralizar cualquier iniciativa relacionada.

C's, PSC y PP pidieron a la Mesa que reconsiderara su decisión de admitir a trámite la propuesta de resolución de JxSí y la CUP con el objetivo de impedir que se votara el referéndum en el pleno, pero la Mesa desestimó sus peticiones desgranando varios motivos, entre los cuales remarcó el ataque a la "libertad de expresión".

"Esta Mesa no considera que ninguna de las resoluciones citadas por los grupos que piden la reconsideración esté concernida por los requerimientos del TC", aseguró. Y precisó que, "en caso que así fuera, la colisión jurídica entre un requerimiento genérico referido a actos anteriores y los derechos de participación, iniciativa y libertad de expresión de los diputados, debe interpretarse claramente en favor de estos últimos".

Los representantes de C’s, PSC y PP manifestaron su disconformidad con la decisión de la Mesa de desestimar su petición de reconsideración. De hecho, el vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (C's), y el secretario segundo, David Pérez (PSC), emitieron un voto particular y quisieron dejar constancia de ello en el acta.

En el escrito en el que explicaban su voto, ambos recordaron que el TC advirtió a los miembros de la Mesa; a su presidenta, Carme Forcadell; al entonces secretario general del Parlament, Pere Sol, y a los miembros del Govern de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o aludir la suspensión, avisando de eventuales responsabilidades penales en caso de desobediencia.

Por ello, argumentaron que la propuesta de resolución para celebrar un referéndum independentista suponía "una violación evidente de la sentencia del TC relativa a este asunto", y consideraron que no procede su admisión a trámite.