El nuevo mapa político vacía las arcas de los partidos tradicionales

Al borde de la liquidación tras desaparecer de las instituciones, Unió se ha convertido en el ejemplo más sangrante de cómo los cambios en el tablero político han impactado sobre las formaciones tradicionales. La llegada de nuevos partidos a las instituciones y la atomización del voto ha obligado a la antigua Convergència y al PSC a desprenderse de sus históricas sedes para enjugar deuda y reducir sus estructuras. Iniciativa per Catalunya tiene en marcha también un plan de viabilidad para reducir costes tras las medidas de ahorro de los últimos años. El Partido Popular de Cataluña, como el resto de partidos, redujo plantilla tras las elecciones generales de diciembre. Esquerra Republicana, es la única formación que se libra de esas medidas: ya recortó en 2010 y 2011.

Rota la federación CiU, Unió ha desaparecido del Parlament y Convergència, abrazada al independentismo, ha pasado de 50 diputados en 2012 a 29 desde las elecciones de 2015 (dentro de la coalición de Junts pel Sí, con 62 diputados). El PSC ha reducido su peso de 20 escaños a 16; el batacazo del PP le ha hecho pasar de 19 a 11, mientras que la caída de Iniciativa per Catalunya pasa de los 13 de 2012 a los cuatro actuales, diluidos en la confluencia de Sí que es Pot (11). Esa pérdida de peso es extensible al resto de instituciones y, a menor representación, menor recepción de recursos públicos. Ese factor añadido a la continua pérdida de militantes obligó a partir de 2015 –algunos, como ICV, lo hicieron antes--, a pensar en la necesidad de tomar medidas drásticas. En 2013, últimos datos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, los partidos catalanes acumulaban un endeudamiento conjunto de 57 millones de euros. Esa es la principal preocupación de sus gestores, reducidas las subvenciones públicas.

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El concurso de acreedores presentado por Unió es el caso más extremo. Solo presentes en algunos ayuntamientos, donde resisten los grupos de la federación que salieron de las elecciones municipales, acumula una deuda de 22,5 millones de euros, de la que 19,3 millones son hipotecas. Su situación es tan desesperada que llegaron a demandar a los bancos que les perdonaran –a través de una quita bancaria—el 95% de los préstamos o, en el mejor de los casos, diez años para pagar. La banca se niega porque no tiene ninguna garantía de que la situación pueda revertirse.

Desde la nueva Convergència, el ahora Partit Demòcrata Europeu Català (PDC), evitan hablar de su situación económica y se escudan en que la nueva formación nace limpia. El PDC ocupa un nuevo edificio que es casi la mitad (2.400 metros cuadrados) que el que ocupaban hasta julio en la calle Còrcega. En la nueva sede han invertido 6,4 millones de euros. La antigua se la vendieron a un grupo asiático, Platinum States, especializado en la adquisición de inmuebles a instituciones con problemas. Cuando se realizó la operación, que afecta a un inmueble que Convergència utilizó como fianza judicial del ‘caso Palau’, desde el partido aseguraron que los ingresos servirían para enjugar deuda y avanzaron que se pretendía reducir un 30% su estructura. La nueva formación tiene poco más de 11.000 asociados, lejos de los 26.000 que Convergència decía tener en junio pasado (19.000 al corriente de pago). Fuentes consultadas aseguran que, en todo caso, su deuda no era la más abultada de los partidos. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, referente al ejercicio de 2013, 5,3 millones de pasivo, frente a unos activos de 13 millones.

El PSC es el otro partido catalán que ha optado por vender su sede de la calle Nicaragua, por unos diez millones de euros, con el objetivo de reducir “nuestra deuda histórica”, según explica Assumpta Escarp, secretaria de organización, quien indica que “ya no hacen falta grandes locales”. El partido busca reducir préstamos, situados en torno a 12 millones de euros, para que se sitúe en unos 5,5 millones. A la venta de activos se añade una reducción del gasto anual que pasará de los 14 millones de euros de 2014 a la mitad este año. El personal que daba servicio en la sede se ha reducido a la mitad, mediante jubilaciones y bajas voluntarias no cubiertas. “Empezamos a reducir cargas en julio de 2014 y desde entonces no hemos parado, pero sin hacer nada radical”, explica Escarp.

Iniciativa per Catalunya lleva años reduciendo su presupuesto y esforzándose para reducir su carga financiera, vinculada a la hipoteca que suscribió para adquirir su actual sede en el barrio Gòtico. Su consejo nacional ha aprobado un plan de viabilidad para dar un nuevo tijeretazo a sus gastos. Se basa en un recorte de gastos de medio millón de euros, por lo que la cifra se sitúa en 2,2 millones. La mayor parte de ese recorte se basa en una reducción de los contratos de asesores y en las bajas que el partido tiene por jubilaciones. Su deuda ha pasado en los últimos cuatro años de 16,1 millones de euros a 10,7 millones, según consta en las memorias económicas que publica en su web. “Tenemos 16 locales propios y no nos planteamos vender patrimonio y menos con los precios actuales”, explica Santu Cayuela, secretario de Finanzas, quien explica que en las últimas tres campañas electorales no se han pedido créditos bancarios para financiarlas.

Esquerra se mira los movimientos del resto de partidos con mucha tranquilidad. El informe presentado en 2014 del Tribunal de Cuentas lo presentaba como el partido catalán más ordenado económicamente. Su responsable de finanzas, Jordi Roig, subraya que los grandes recortes se hicieron a partir de 2010 y que en los últimos años “no hemos tenido que hacer nada”. El año pasado el partido cerró con una deuda de 3,5 millones de euros, pero que en su mayor parte estaba asegurada por la liquidación de las subvenciones públicas que le tenían que pagar por las últimas elecciones. Un año antes habían cerrado con una deuda de apenas 195.000 euros. Su fundación Josep Irla es la que soporta la carga crediticia de su sede en Barcelona y de otros 27 inmuebles en propiedad. Adeuda por ello unos tres millones de euros sobre unos activos de diez millones. “No nos preocupa porque no tenemos que renovar ningún crédito”, afirma Roig.