El PP advierte sobre la politización de la oficina municipal anticorrupción
Los socialistas creen que Esperanza Aguirre quiere “impedir que se investigue en Madrid”
La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Esperanza Aguirre, advirtió este viernes de que la futura oficina municipal anticorrupción puede ser politizada y perder neutralidad. Aguirre sostuvo que el PP apoya la iniciativa, pero señaló que nombrar al futuro responsable del organismo por mayoría cualificada de tres quintas partes del pleno, y en segunda instancia por mayoría absoluta, debilitaría la independencia de la oficina. Los socialistas vieron en sus críticas un tentativo de "boicotear" las investigaciones sobre la corrupción municipal.
El PP presentó un total de 33 enmiendas al anteproyecto de reglamento de la nueva oficina municipal contra la corrupción, que dio a conocer este miércoles EL PAÍS. Estas enmiendas —entre las cuales se encuentra una a la totalidad del documento—, van dirigidas a corregir la dependencia de la futura agencia del pleno municipal.
Según el anteproyecto de reglamento, que podría llegar al pleno de noviembre, tras ser aprobado por la Junta de Gobierno, el responsable de la oficina antifraude será nombrado por mayoría cualificada de tres quintos, o por mayoría absoluta si aquella no fuera alcanzada en primera sesión.
El titular será nombrado siguiendo criterios como la "reconocida trayectoria democrática y prestigio en la defensa de los derechos fundamentales", reza el documento. Y entre sus actuaciones destacan la propuesta de la provisión de puestos de trabajo, la adjudicación de contratos administrativos y privados y la autorización de los gastos.
"No hay nadie más interesado que el grupo del PP en que la oficina anticorrupción se ponga en marcha", dijo Aguirre, quien especificó: "Lo que ocurre es que en esta oficina se quiere poner al frente un político elegido por el pleno". Por ello, el PP pide que para nombrar al futuro director o directora de la agencia sea necesaria la mayoría de los dos tercios del pleno municipal. Y que el organismo dependa de Intervención General.
"No queremos que sea un político, sino un técnico", agregó Percival Manglano, concejal del PP. Manglano desgranó los puntos más críticos del documento. "Es muy importante ser cautelosos con respecto a las competencias de esta oficina", afirmó. Y citó el artículo 20 del documento, dodne se recoge que si la oficina detecta una "actitud hostil o entorpecedora" de un trabajador público ante una investigación de la agencia anticorrupción, su nombre podrá comparecer en un "informe especial" que podría ser destacado en la "memoria anual" del organismo.
El pasado jueves, la CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifestó su preocupación por una eventual "cazas a los funcionarios" como efecto colateral del nuevo proyecto municipal. Los representantes del PP recogieron esta preocupación y destacaron que la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors) también expresó sus dudas sobre la legalidad de la oficina.
Acusaciones socialistas
La portavoz del grupo socialista de Madrid, Purificación Causapié, entró en el debate recordando que esta oficina fue parte integrante del programa electoral del PSOE. Se dijo segura que será "muy bien recibida" por los trabajadores públicos, puesto que "será un mecanismo de defensa para los funcionarios que tendrán un instrumento que les permita defenderse de supuestas coacciones o intimidaciones que pudiese efectuar un responsable político, un alto cargo municipal u otros compañeros".
Causapié también consideró que aún se está a tiempo de mejorar el reglamento con las enmiendas de los grupo políticos", pero arremetió contra el PP, destacando que el análisis de Aguirre sobre el documento demuestra el "escaso conocimiento de lo que dice realmente el reglamento de la oficina". "A Esperanza Aguirre no le interesa la oficina antifraude. Lo que le interesa es que no se esclarezca la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid", afirmó la socialista.
Villacís cree que la agencia recuerda a "cosas del pasado"
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid criticó ayer duramente el anteproyecto de reglamento de la oficina anticorrupción del Consistorio. En opinión de Begoña Villacís, la posibilidad de que este organismo inspeccione a los empleados sin previo aviso, y "suspendiendo su confidencialidad", recuerda a "cosas del pasado". Por ello, anunció que su grupo está estudiando denunciar ante la Agencia de Protección de Datos la nueva oficina en el caso de que el proyecto se lleve al cabo sin correcciones sustanciales.
"La oficina va a poder tener acceso y registrar el ordenador de cualquier funcionario. Podrán saber si tiene fotos y cuál es la situación de su salud. Y podrán publicar lo que les da la gana", afirmó Villacís. En concreto, Ciudadanos cuestiona la legitimidad del artículo 22 del reglamento, que reza: "La dirección de la Oficina, con carácter excepcional, podrá suspender dicho carácter confidencial para actuaciones concretas [contra la corrupción], mediante resolución expresa adoptada a tal efecto".
La portavoz de Ciudadanos criticó también que el PSOE no haya presentado enmiendas al reglamento. "El PSOE no está dentro de la oposición" al gobierno municipal, sostuvo.
Por parte socialista respondieron que el PSOE trabajó en la elaboración del reglamento y que, por tanto, su punto de vista ya está incorporado. "Estamos por supuesto abiertos a mejoras", agregaron.
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