El PSC propone que España sea una federación que reconozca la plurinacionalidad

Los socialistas catalanes siguen marcando perfil propio: proponen que la reforma de la Constitución transforme España en una federación que reconozca “su carácter plurinacional, juntamente con el reconocimiento de Cataluña como nación”, así como sus derechos históricos. La propuesta del PSC, que se votará esta jueves en el Parlament, va mucho más allá de la Declaración de Granada que aprobó el consejo territorial del PSOE en 2013.

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La propuesta sobre la reforma federal de la Constitución es una de las 18 resoluciones que ha presentado el PSC y que se votarán la tarde del jueves, junto a las del resto de grupos, como colofón al debate de política general del Parlament catalán. El texto aboga por establecer un “pacto constituyente” que permita transformar el Estado —no se habla en ningún momento de España— en “un Estado federal integrado por diversos entes federados, que adoptarán la denominación e instituciones que prefieran”. El proceso culminaría con un referéndum en el que votarían todos los españoles.

La resolución —que no tiene posibilidades de prosperar, dada la relación de fuerzas en el Parlamento catalán— también obvia la denominación de “comunidades autónomas”, aunque el diputado del PSC Ferran Pedret, redactor del texto, considera que “el nombre no hace la cosa”. “En Canadá se llaman provincias y en Alemania, Estados”, dijo.

La propuesta aboga por “el principio federal, a través de la mutua lealtad entre las partes”, en referencia al Gobierno central y los autónomos, como la forma que ha de inspirar “la solución a los problemas existentes” y ha de resultar “compatible con su carácter plural como nación de naciones". También se reclama que se reconozcan las “opciones políticas y legislativas propias de cada uno de los entes federados”.

La resolución del PSC expone que los estatutos de autonomía han generado un conflicto permanente de competencias. Para acabar con ello se reclama que la nueva Constitución enuncie en un primer bloque las competencias del Estado y otorgue todas las demás a los entes federados. Un segundo bloque debería referirse a las competencias estatales compartidas, suprimiendo las cláusulas actuales de prevalencia, así como abordando las competencias que corresponden a las singularidades derivadas de “circunstancias históricas o del carácter plurinacional del Estado”.

En el caso concreto de Cataluña, se propone llevar a la Constitución el artículo 5 del actual Estatuto de autonomía, que reconoce “el papel de los derechos históricos como el fundamento del autogobierno de Cataluña”. De manera genérica se propone que el Estatuto sea la constitución de los entes federados y que en su aprobación solo intervenga la comunidad correspondiente y el Tribunal Constitucional ejerza su control.

El diputado Ferran Pedret admite que el documento del PSC va más allá de la Declaración de Granada que pactaron el PSOE y el PSC en 2013. “Allí no se entraba en la concreción y ahora sí se entra”, afirma. El contenido de la propuesta socialista, dice, es “el resultado de la fusión de tres años de textos” redactados por la Fundación Campalans del PSC, pero también por la Fundación Alfonso Perales del PSOE de Andalucía. “Alguna terminología es marca de la casa del PSC”, apostilla.

El texto también aboga por convertir el Senado en un consejo federal integrado por representantes de los entes federados de manera proporcional: un mínimo de tres miembros, y uno más por cada millón de habitantes. De esta manera, sostiene, se reducirían “drásticamente” los conflictos competenciales con el Gobierno central.

La propuesta del PSC aboga igualmente por “un mejor régimen del plurilingüismo a nivel federal”, tanto en su promoción y protección como en su uso en todas las instituciones y organismos federales.

Otro de los apartados reclama la introducción de “elementos de democracia directa y deliberativa”, desbloquear las listas electorales, hacer un sistema más proporcional y facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares. Igualmente se propone el reconocimiento de un mínimo vital ante situaciones de “carencia afectiva para el mantenimiento de una vida digna” y una mejor regulación de la familia —incluyendo todas las formas de convivencia—, así como la configuración constitucional del matrimonio, contemplando expresamente el de personas del mismo sexo.