El Ayuntamiento pide ayuda a la Comunidad para anular la venta de pisos a fondos de inversión

En abril, la Cámara de Cuentas cuestionó en un informe provisional la legitimidad de la venta al grupo Fidere, filial del fondo Blackstone, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas. El informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la venta de estos pisos se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación", según reveló ayer el Consistorio.

Por ello, el equipo de gobierno municipal pretende obtener la "nulidad radical" de ese contrato, recuperando así las viviendas adquiridas por Fidere. Éste es un procedimiento que sólo afecta a la preparación y adjudicación de un contrato, y que según sostuvo la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y también presidenta de la EMVS, depende de la opinión favorable de la Comunidad para seguir adelante.

Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría igualmente que pagar 30 millones de euros por los costes judiciales, admitió Higueras.

Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras recordó que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos.

La respuesta de Cifuentes

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad, aseguró, por su parte, que el Consistorio tiene "plena y absoluta libertad y autonomía" para emprender acciones judiciales contra el fondo Fidere. "No necesita verdaderamente el concurso de la Comunidad para hacerlo", añadió durante la inauguración del curso escolar en el CEIP Carmen Laforet (Vicálvaro). "No hemos recibido ninguna solicitud del Ayuntamiento en ese sentido", agregó Cifuentes, aunque matizó: "Si lo recibimos obviamente lo consideraremos".

Con respecto a otras herramientas judiciales, el Ayuntamiento anunció que piensa seguir adelante con la petición de responsabilidades a los protagonistas de las ventas de las viviendas protegidas. Si la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS solicita la reapertura de la querella, el actual gobierno municipal se unirá a la misma, exigiendo responsabilidad contable a todos los responsables de esa enajenación, no solo la del consejero delegado de la empresa en los años de las ventas, Fermín Oslé.

A este respecto, Higueras señaló al consejo de administración de la EMVS, "donde hubo consejeros que se opusieron a la venta y a los que no les alcanzará la responsabilidad", dijo. Si al final el Tribunal de Cuentas decreta que hay alcance contable, el Ayuntamiento solicitará que se resarce el daño y en este punto se "podrían embargar los bienes de las personas imputadas".