La Cámara despide a la exsecretaria de Pontevedra condenada por cohecho

El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía acordó rescindir el contrato laboral de Rosario Lorenzo que desde 1998 era secretaria de Pontevedra hasta la fusión en mayo pasado. Lorenzo seguía al frente de la entidad como delegada de la capital de la provincia pese a ser acusada y finalmente condenada por un delito de cohecho y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios.

El acuerdo ya se hizo efectivo por motivos disciplinarios y pérdida de confianza de la entidad hacía la funcionaria, según fuentes de la Cámara que no descartan que la exsecretaria pueda recurrir su despido pese a que la condena por cohecho de Rosario Lorenzo lleva aparejada su inhabilitación para el ejercicio del cargo por un año y seis meses y la inmediata suspensión por un periodo de otros seis meses por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

El nombramiento de Rosario Lorenzo como representante de la nueva Cámara en Pontevedra se acodó un mes antes de que esta compareciera ante el tribunal para celebrar un juicio de trámite al haber llegado a un acuerdo de conformidad de la pena con la fiscalía y reconocer los hechos.

El despido llega dos meses después de que Lorenzo admitiera la comisión de ambos delitos y la condena de un año de prisión, a cambio de reducir sustancialmente la pena solicitada por la fiscalía y el tiempo de inhabilitación que en principio era de 5 años.

Por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, Rosario Lorenzo ha tenido que abonar una multa de 1.500 euros y reintegrar 22.800 euros que retiró de la cuenta del delegado comercial como una comisión o dádiva a cambio de mantenerlo en el puesto, según quedó probado en el juicio.

Junto a Lorenzo también fue condenado el exempleado de la Cámara José María Lago a dos años de prisión, multa de seis euros durante 12 meses y cinco de inhabilitación para recibir subvenciones o ayudas del Estado.

Los hechos admitidos por ambos acusados en calidad de cómplices se remontan a 2002 tras ser denunciados por antiguos trabajadores de la entidad. Aquel año, el ejecutivo cameral acordó la creación de una oficina en Florianápolis (Brasil) para la cual se nombró representante al condenado, que hasta entonces trabajaba como becario, aprobando por unanimidad la firma de un convenio con la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta que estaría en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012.

Anualmente se fueron prorrogando los contratos con la empresa Contrato Em Comunicacoes Empresariais de arrendamientos de servicios y que tenían por objeto el asesoramiento y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización de la economía gallega en Brasil que Lago se encargaba de gestionar.

La empresa contratante percibía por los trabajos prestados un promedio de 3.800 dólares mensuales, dinero que estaba subvencionado por la Xunta de Galicia entres el 50 y el 80%. Los pagos se realizaban mediante cheques bancarios que eran ingresados en una cuenta de la que era titular José María Lago. Pero al menos seis de los cheques emitidos en 2011 fueron endosados a la cuenta bancaria que la secretaria compartía con Lago como autorizada después de que este le otorgara un poder.

Entre 2007 y 2011, se detectó en esa cuenta hasta seis retiradas en efectivo por importe de 22.800 euros y que Rosario Lorenzo reconoció haber sido ella. “Pagos autorizados por Lago a Lorenzo a cambio de facilitar la contratación de su empresa con la Cámara de Comercio”, admitieron ambos condenados.