Madrid pierde este año 28 millones de inversiones en carriles-bici
El Ayuntamiento retira 26 proyectos de vías ciclistas del paquete de inversiones financieramente sostenibles al considerar que no respetaban las normas
El plan del Ayuntamiento de invertir 28,7 millones de euros en carriles bicis para 2016 ha quedado en papel mojado después de que Intervención General detectara fallos en los proyectos incluidos en el paquete de inversiones financieramente sostenibles para este año. En total, se tumbaron a lo largo de este ejercicio proyectos por 69 millones de euros teóricamente dirigidos a obras y mejoras de edificios y calles al comprobar que dichos proyectos no respetan los requisitos impuestos por ley. El Ayuntamiento sostiene que el próximo año las inversiones se retomarán, pero la oposición considera que el Consistorio va perdiendo credibilidad.
El Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid), fue particularmente ambicioso a la hora de destinar el remanente de la tesorería del pasado año a las inversiones financieramente sostenibles. En diciembre del año pasado, el gobierno fijó en 266 millones los proyectos de inversión sostenible en ámbito social, para cuya ejecución la ley estipula dos vínculos básicos: que el dinero se ejecute en el año en curso y que todo lo pactado no implique gastos añadidos en el futuro.
La interventora del Ayuntamiento comenzó entonces el análisis técnico para averiguar posibles errores de tramitaciones y la viabilidad de los proyectos. Esta fase resultó la más problemática, porque Intervención General, junto con el propio Consistorio, juzgó inviables 127 de los 526 planes previstos (el 24% del total) por varias razones, como la falta de estudios exhaustivos sobre las obras o la imposibilidad de ejecución de las mismas dentro del plazo de un año, según revela un documento remitido por el Área de Hacienda al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Entre los proyectos tumbados se hallaban 27 nuevos itinerarios de carriles-bici, por un valor total de 28,7 millones de inversiones, que se consideraron inadecuados por falta de "estudios más concienzudos" sobre intersecciones, modelizaciones e interferencias con transporte público. De los más de veinte trayectos sobre los 33 presupuestados en diciembre se encontraban los tramos de la avenida de Séneca, cuya inversión alcanzaba los 400.000 euros, o el de Santa Engracia, una operación de 785.000 euros; además de los carriles-bici en la Castellana, Méndez Álvaro, la avenida de Burgos y Arturo Soria, por inversiones de más de un millón de euros cada uno.
Desde el Ayuntamiento atribuyen a la falta de tiempo para elaborar informes complejos las inversiones echadas a perder y, añaden, que solo "excepcionalmente" el fallo fue de carácter técnico. En este último caso, subraya el Consistorio, los proyectos no podrán recuperarse, pero el equipo de gobierno prevé proponer la mayoría de los itinerarios invalidados el próximo año. Éstos se sumarían a los 30 kilómetros de carriles que el Ayuntamiento finalmente recuperó (con una inversión de 8 millones de euros) y que deberían estar acabados para la mitad de 2017.
Falta de planificación
La oposición critica, sin embargo, la falta de planificación del Ayuntamiento y recuerda que el dinero que este año no pudo emplearse para las inversiones sostenibles se destinará automáticamente a la amortización de la deuda municipal con los bancos, tal y como decreta la ley. Miguel Ángel Redondo, concejal del grupo de Ciudadanos, denuncia que los criterios con los que el Consistorio presupuestó estas inversiones respondieron más a planteamientos ideológicos que a un análisis detallado de lo que necesita Madrid. "Solo en el caso del tramo de carril bici previsto para el eje 504 de la Castellana se perderán 3,9 millones de euros", insiste el concejal.
Entre las filas del Partido Popular destacan que el gobierno presupuestó obras de rehabilitación de edificios que ni siquiera pertenecían al Ayuntamiento, como en el caso la zona ajardinada de la finca de Vistalegre. O reformas que ya habían sido realizadas: "Las inversiones financieramente sostenibles son fondos que deben ejecutarse en un plazo muy corto. Esto significa que los proyectos deben ser circunscritos y meticulosos", sostiene José Luis Moreno Casas, concejal del grupo popular, que señala el escaso conocimiento técnico del gobierno municipal, y que largos tramos de vías ciclistas en las principales arterias de la ciudad no suelen ser proyectos viables para estos tipos de inversiones.
Tampoco los socialistas, socios de investidura de Ahora Madrid, se muestran satisfechos con la gestión del Ayuntamiento. En julio, el PSOE denunció la escasa ejecución de estos tipos de fondos y dudo de la capacidad del Consistorio de ejecutar incluso los 211 millones aprobados. Hasta mayo, el Consistorio ejecutó solo un 3,6% de estas inversiones, frente al 7,4% del pasado año. "El PP ponía a los bancos delante de las personas por ideología, y Ahora Madrid pone a los bancos por delante de las personas por incompetencia. Al final el resultado es el mismo", dijeron.
A la espera de que el Ayuntamiento revele sus planes económicos para 2017, todos los partidos se muestran cada vez más críticos con la gestión económica del equipo de gobierno. En septiembre se darán a conocer las inversiones ejecutadas hasta entonces y podrán realizarse los primeros balances del primer año integral de gobierno de Ahora Madrid.
Otros proyectos tumbados por Intervención General
Entre las inversiones bloqueadas por la interventora del Ayuntamiento se encuentran proyectos como el del acondicionamiento de la Casa Iván de Vargas, con un presupuesto de 1,7 millones, o la reurbanización (conexiones y espacios intermedios) del complejo Azca, entre el Paseo de la Castellana y las calles Orense, Raimundo Fernández Villaverde y General Perón, por 2,3 millones.
La interventora general del Consistorio declaró inviables estos proyectos a lo largo de los primeros meses del año, antes de que la alcaldesa Manuela Carmena la destituyera del cargo, dentro de su "apuesta firme por el reforzamiento de los sistemas de control interno de la actividad municipal", según explicó en una carta enviada por el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, al Ministerio de Hacienda el pasado 12 de mayo a la que tuvo acceso EL PAÍS.
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